Los partidos políticos gastaron 1,28 millones en los comicios de mayo, un 34% más que en 2015

Los partidos asturianos gastaron 1,28 millones en las elecciones autonómicas del pasado 26 de mayo, un 34% más que en la convocatoria de 2015. Una cifra, además, ligeramente superior a la subvención que el Gobierno del Principado reservaba para repartir entre las diferentes formaciones políticas que obtuvieran representación en la Junta, y que asciende a 1.116.678 millones.

La ayuda acordada por la Consejería de Hacienda para costear el gasto electoral se reparte entre las diferentes fuerzas políticas a razón de 15.727,88 euros por cada escaño obtenido y 0,79 euros más por cada voto conseguido. De esta forma, al PSOE, con 20 escaños y más de 185.000 votos, le corresponde una subvención máxima de 462.653 euros; al PP, con 10 diputados y más de 92.000 votos, otros 230.865 euros; a Ciudadanos, que consiguió cinco diputados, 137.313 euros y a Podemos, con cuatro representantes, otros 109.264 euros para cubrir sus gastos. A IU, Foro y Vox, con dos diputados cada uno, aunque con diferencias en número de votos, les 'tocan' subvenciones de entre 58.000 y 59.000 euros.

Los datos los daba a conocer ayer la Sindicatura de Cuentas con motivo del informe sobre contabilidad electoral que este organismo ha emitido para cada uno de los siete partidos. Se sabe por esta vía que el gasto declarado por las formaciones políticas, que va desde los 336.068 euros en el caso del PSOE a los 14.021 euros de Vox, suma 1.282.265 euros. Un montante que supone un incremento del 34% con respecto a la inversión que las fuerzas políticas -sin contar a Vox- realizaron en los comicios de 2015.

El ente fiscalizador que preside Roberto Fernández Llera no aprecia ningún tipo de irregularidad en la contabilidad electoral de los partidos «ni violaciones de las restricciones establecidas» en materia de ingresos y gastos. Confirma, además, que ninguna formación sobrepasó tampoco el límite legal establecido por gastos en publicidad. Sin embargo, destaca que hay tres partidos -concretamente Ciudadanos, Podemos y Foro- que invirtieron en esta campaña electoral una cuantía superior a la subvención que finalmente van a percibir en función del resultado obtenido. En el caso de la formación morada y del partido que lidera Carmen Moriyón su gasto duplica y triplica, respectivamente, la ayuda que recibirán.

Exactamente, Ciudadanos gastó y justificó en campaña electoral 164.881 euros, aunque de ellos únicamente serán subvencionados 137.913 euros. El caso de Podemos es más llamativo. La formación, que contaba en la pasada legislatura con nueve diputados en la Junta General y ahora solo con cuatro, presentó este año gastos por importe de 290.165 euros, aunque la Sindicatura de Cuentas entiende que hay tres facturas que suman un importe de 9.518 euros que no pueden considerarse de naturaleza electoral, por lo que solo considera debidamente justificados 280.647 euros. Muy lejos aún de la ayuda de 109.264 euros que le corresponde. Foro, que también vio reducida su fuerza en la Cámara asturiana en los últimos comicios, también deberá pagar de su bolsillo buena parte del gasto de la última campaña ya que el Principado únicamente le subvencionará 58.858 euros de los 193.628 euros justificados. El partido arrastra de aquella cita electoral una deuda con los proveedores de más de 140.000 euros, según recoge el informe de la Sindicatura.

El resto de las fuerzas políticas ajustaron mejor sus gastos en la pasada convocatoria. De hecho, el PSOE utilizó en aquellos comicios 336.068 (aunque a juicio de la Sindicatura están justificados correctamente 334.648 euros) y su resultado electoral le hubiera permitido contar con una ayuda de 462.653 euros. El PP gastó 225.891, unos cinco mil menos de la subvención a la que podría haber accedido; mientras IU invirtió algo más de 57.000 euros y le hubiera correspondido una ayuda de hasta 59.243 euros.

Si bien la Sindicatura no aprecia irregularidades en la contabilidad de ninguna de las siete fuerzas políticas con representación en la Junta, en todos los informes emitidos coincide en aconsejar una reforma del régimen electoral autonómica para «definir con mayor precisión los gastos electorales subvencionables y los sistemas de financiación de las campañas electorales».