Podemos dice que la sanidad asturiana está «untada por la industria farmacéutica» con decenas de miles de euros

Andrés Fernández Vilanova, diputado autonómico de Podemos. /EFE
Andrés Fernández Vilanova, diputado autonómico de Podemos. / EFE

La formación morada en Asturias presenta una enmienda al proyecto de ley de Salud en la que se plantea impedir que los médicos con conflictos de intereses puedan ocupar cargos de dirección

EFE Oviedo

El Grupo Parlamentario de Podemos presentará una enmienda al proyecto de ley de Salud para impedir que los médicos con conflictos de intereses puedan tomar decisiones u ocupar cargos de dirección.

La candidata de Podemos a la Presidencia del Principado, Lorena Gil, y el diputado autonómico Andrés Fernández Vilanova han defendido que las situaciones de conflicto de interés de los sanitarios tienen que regularse por ley, estar sometidas a la mayor de las transparencias y sujetas a un régimen sancionador. La coportavoz de la formación morada ha instado al secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE), Adrián Barbón, a que explique por qué su grupo «prefiere pactar con el PP una Ley de Salud cobarde e indulgente ante los conflictos de intereses» en lugar de una ley «valiente» que haga frente a «una lacra» para el sistema público.

Podemos reclama que todos los profesionales hagan una declaración obligatoria de actividades con incidencia en práctica clínica y gasto, publicidad obligatoria de responsables de gestión, comités y grupos de trabajo de redacción de protocolos en un apartado específico del Portal de Transparencia, así como publicidad voluntaria de los profesionales rasos.

La formación morada propone crear un reglamento de incompatibilidades y un régimen sancionador para impedir tomar decisiones u ocupar cargos de dirección a quienes tienen conflictos de intereses y establecer un sistema de acreditación de buenas prácticas con procedimientos de inspección periódicos. Por su parte, Fernández Vilanova ha asegurado que «la sanidad asturiana está untada por la industria farmacéutica con decenas de miles de euros cada año» y ha acusado al Gobierno regional de consentir que «un uno por ciento del personal haga negocio propio para beneficio de la industria farmacéutica y de productos sanitarios en detrimento del sistema público».

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