El candidato a presidir el Consejo de Transparencia rechaza la ubicación en Avilés por cuestiones de conciliación familiar

El candidato propuesto por el grupo socialista a la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, José Manuel Fernández García, compareció esta mañana en la comisión de Presidencia de la Junta General ante representantes de todos los grupos parlamentarias para dar cuenta de su amplia y reconocida trayectoria profesional, pero también sobre las líneas de trabajo que pretende poner en marcha como máxima autoridad en este órgano si, como todo apunta, su candidatura es refrendada próximamente por el Pleno de Cámara. Se requiere el apoyo de tres cuartas partes del plenario, pero todo indica que contará con respaldo suficiente.

Quien fuera director general de Asuntos Económicos y director general de Justicia de gobiernos socialistas, así como secretario general del Consejo Consultivo en su primera etapa, mostró su «preocupación» por los problemas de «falta de medios materiales y personales» que aducen tanto el Consejo de Transparencia estatal, como buena parte de los consejos autonómicos que ya funcionan en diferentes comunidades. Y, teniendo en cuenta que la ley asturiana es especialmente ambiciosa en cuento a las funciones de este ente, pidió a los diferentes grupos su apoyo para garantizar los medios suficientes para poder ejercer de forma efectiva su cometido. «No les puedo ocultar que la disposición de medios adecuados para poder conseguir esos objetivos es mi principal fuente de preocupación», alertó.

Comentó también que los países con mayores niveles de transparencia cuentan con «instituciones más fuertes», lo que favorece su capacidad económica. Reconoció que España acumula un fuerte retraso con respecto a otros países de nuestro entorno en esta materia, «y más con los países del Norte, que nos llevan siglos de ventaja», y enumeró las diferentes tareas pendientes como consecuencia del retraso que acumula la constitución de este ente en Asturias: desde la creación de la Oficina de Buen Gobierno, hasta la aplicación del régimen sancionador, la aprobación de los códigos de conducta, el plan de prevención de corrupción y un largo etcétera.

Fue su actitud crítica ante la falta de medios y el retraso acumulado lo que motivó que, incluso los grupos que habían presentado recelos con su candidatura, como Podemos y Vox, aplaudieran su intervención. No obstante, ambas formaciones cuestionaron su capacidad para actuar con independencia por su vinculación al PSOE. «Soy funcionario de carrera y he desempeñado funciones con el PSOE, pero también he tenido cargos de libre designación con el PP, y nunca nadie me ha pedido un carnet, que no tengo ni he tenido, ni a estas alturas voy a tener. Por eso necesito el apoyo de la Junta para disponer de una dotación adecuada en medios materiales y personales, y les pido ese apoyo para poder ser independiente. La independencia no viene condicionada por la militancia política, que no existe, sino por los medios con los que cuente el consejo», respondió el candidato a la pregunta del diputado de Vox, Ignacio Blanco, sobre si podría garantizar la independencia que se espera de este órgano.

Tras las declaraciones de Fernández García en relación a su preocupación por la falta de medios, Rafael Palacios, diputado de Podemos, interpretó que el candidato «tiene tantas dudas como nosotros» con respecto al compromiso del Gobierno regional en relación con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada en 2018 y paralizada por el retraso que acumula la constitución del Consejo de Transparencia. «Nos preocupa que esta ley acabe siendo una estrategia política de blanqueo mediático de la imagen del Gobierno, que en realidad no tenga intención de ponerla en marcha con la diligencia debida», anotó el parlamentario. Una apreciación sobre la que haría referencia el propio Fernández García en su último turno de palabra, en el que volvió a pedir apoyo para garantizar la dotación de medios necesarios para este órgano porque, sin ella, «como ha dicho Podemos, sería un bluf, no sería nada».

No fue el único punto controvertido de la comparecencia del candidato. Durante su intervención reconoció desconocer los medios con los que va a contar para desempeñar su labor, e incluso la ubicación de la sede, inicialmente prevista en Oviedo pero que, a propuesta de Ciudadanos, se plantea la posibilidad de trasladarla a Avilés. Un extremo con el que Fernández García mostró su disconformidad alegando, entre otras razones, que se trata de un órgano «complicado» por el número de personas que lo forman y que su ubicación en Avilés dificultaría la organización, pero también que dificultaría la vinculación continua que se pretende mantener con el Instituto Adolfo Posada y la colaboración con la Inspección de Servicios y Educativa. Además, adujo, su emplazamiento en la capital favorecería una mejor «captación de funcionarios» que en Avilés, reconociendo también que, desde un punto de vista personal, la ubicación en esta ciudad también le perjudicaría. De hecho, llegó a reconocer que si la sede quedara ubicada en Avilés «yo no iría» por cuestiones de conciliación de la vida familiar. «Mi mujer trabaja en Gijón, yo tengo que estar aquí (por Oviedo)», señaló. La respuesta molestó al diputado de Ciudadanos, Luis Fanjul, que advirtió de que «Avilés no es Botsuana» y que deberían hacerse este tipo de guiños a la tercera ciudad asturiana. «Las instituciones deben adaptarse a los intereses de los ciudadanos y no a las de los funcionarios», le reclamó.

Unas manifestaciones que fueron afeadas por el grupo popular, que llegó a interrumpir al diputado de Ciudadanos para pedir que «no acosara» al compareciente. Luego, ya en su turno, el popular Pablo Álvarez Pire reprochó a la formación naranja que hubiera utilizado «el 60% de su tiempo» en discutir sobre la ubicación del consejo, en lugar de hablar de transparencia, y mostró su apoyo al candidato para ubicar el ente donde considere técnicamente más adecuado.

En general, los partidos celebraron que con la candidatura de José Manuel Fernández García se desbloquea la constitución de este órgano «independiente y con personalidad jurídica propia», en palabras de la diputada socialista Lidia Fernández. «La transparencia ha venido para quedarse y es un pilar fundamental en el que se asientan las democracias», añadió el popular Álvarez Pire. «No hay razón de peso para oponernos a su candidatura», reconoció Luis Fanjul, de Ciudadanos. «La aprobación de la Ley de Transparencia no puede acabar siendo una estrategia política, no puede ser un postureo», insistió Rafael Palacios, de Podemos. «La ley de Buen Gobierno es fruto de un amplio consenso y su nombramiento debería ser también la prolongación de ese consenso», declaró Ángela Vallina, de IU. «Esperamos que pueda actuar con independencia y sin presiones», confió Pedro Leal, de Foro. «Su capacidad profesional está acreditada, nuestra duda es que no pueda ejercerla con independencia», anotó Ignacio Blanco, de Vox, sorprendido por «su falta de capacidad de movilidad geográfica».