El Principado advierte al Gobierno de que irá a los tribunales si no abona los 86,5 millones del IVA

El Gobierno del Principado no se ha olvidado de la recaudación del IVA correspondiente al último mes de 2017 que el Estado adeuda a Asturias y al resto de las comunidades. Tras haber aparcado durante meses este conflicto como consecuencia de la crisis sanitaria, el Consejo de Gobierno acordó ayer autorizar a la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, para que formule el requerimiento previo contra la Administración General del Estado, preceptivo antes de presentar un contencioso administrativo, «para que se adopten las medidas pertinentes con el fin de compensar al Principado por los perjuicios económicos, directos e indirectos, derivados de la modificación del sistema de gestión, liquidación y contabilización del IVA» correspondiente al citado ejercicio.

La cifra no es baladí. De los 2.500 millones que el Estado debe a las comunidades, Asturias reclamaba a principios de año 75 millones. Ayer, sin embargo, el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño, elevó la deuda a 86,5 millones y justificó este aumento como consecuencia de una nueva estimación en la que se han tenido en cuenta otros conceptos, principalmente que «somos una comunidad uniprovincial y tenemos derecho a unos 10 millones que vienen por ese cauce». En cualquier caso, el también consejero de Administración Pública asumió que se trata de una estimación propia y que la cifra exacta debe fijarla el Estado.

No es la primera vez que el Principado amenaza con acudir a los tribunales por esta cuestión. De hecho, a principios de año el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, aseguró públicamente que ya se habían dado instrucciones para que los servicios jurídicos iniciaran la redacción de este requerimiento previo. Sin embargo, no se dio ningún paso más desde entonces.

En primer lugar, porque el Principado bajó el tono tras escuchar el ofrecimiento que el Ministerio de Hacienda hizo a las comunidades de levantar la mano en el cumplimento del déficit para compensar esta deuda. El Ejecutivo asturiano se comprometió a valorar la oferta, aunque nunca llegó a dar por buena la solución aportada al conflicto que, el PSOE no cansa de repetir, se deriva de la pasada legislatura, cuando el Gobierno del PP modificó el sistema de liquidación del IVA y dejó a las comunidades una deuda de 2.500 millones. Luego, la irrupción del coronavirus y el estado de alarma aparcaron del todo esta cuestión. Hasta ahora.

Desde el Principado se insistía ayer en que se sigue optando «por la negociación y el acuerdo como vía preferente», pero el equipo de Adrián Barbón «está dispuesto a utilizar todos los medios políticos, administrativos y judiciales a su alcance para obtener la mensualidad pendiente del IVA correspondiente a 2017, dado que se trata de unos fondos para mejorar los servicios públicos, impulsar la economía y, en definitiva, atender los intereses de la comunidad autónoma».

El requerimiento llega solo un día después de que la consejera de Hacienda reconociera que el impacto de la pandemia deja ya un agujero de 330 millones en las arcas asturianas. Por un lado, explicó Cárcaba en la Junta General, el gasto se acerca a los 180 millones, el grueso (el 83,5%) vinculado a los ámbitos de la salud, el bienestar social y la educación. A esto se añade la reducción de los ingresos, que supera los 171 millones, aunque dicha cantidad se rebajará hasta los 154 con los 17 millones que le corresponden al Principado en concepto de ingresos finalistas, asociados a fondos y ayudas estatales en materia de protección social y sanitaria.