El Principado defiende sus mecanismos de «control» sobre los fondos de formación de UGT

El Gobierno del Principado volvió a defender ayer el «control» ejercido por la Administración autonómica sobre los fondos públicos que recibió UGT para impartir cursos de formación a parados. Lo hizo durante la comisión de investigación sobre la gestión de estas subvenciones destinadas a la formación celebrada en la Junta General a instancias de Podemos durante el primer trimestre de 2019. Y lo volvió a hacer ayer, tras conocerse la petición de la Fiscalía de diez años de cárcel para el exsecretario general de UGT, Justo Rodríguez Braga, por el «desvío» de esos fondos públicos para revertirlos en la propia organización sindical. «El control administrativo del proceso ya ha sido objeto de debate y quedó claro que se ha producido», respondió la portavoz del Ejecutivo autonómico, Melania Álvarez, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El Principado niega así cualquier tipo de responsabilidad por lo ocurrido con aquellas ayudas que el Juzgado de Instrucción número 4 y la Fiscalía del Principado cifran en 1,46 millones de euros. Y, por el momento, guarda silencio sobre su estrategia judicial en el denominado 'caso UGT'. El Gobierno se personó en la causa abierta tras una denuncia de la Fiscalía al resultar directamente afectado por el presunto desvío de fondos públicos y, como tal, debe pronunciarse en los próximos días. Sin embargo, la también consejera de Bienestar Social evitó avanzar cuál será el posicionamiento del Ejecutivo. «Mantenemos discreción sobre la estrategia judicial a seguir, los servicios jurídicos están trabajando en definir la estrategia», se limitó a responder.

La Fiscalía del Principado ve probado el fraude en la gestión de los fondos públicos por parte de UGT, al menos durante la etapa 2010 y 2014 que abarca la investigación. El ministerio fiscal atribuye al exsecretario general de la central sindical, Justo Rodríguez Braga, hasta cinco delitos y pide para él 10 años de cárcel. Similar pena reclama para la exsecretaria de Administración de UGT, Mónica Menéndez, y para el exsecretario de Formación de UGT, Manuel Díaz Cancio. También solicita seis años y seis meses de prisión para María Jesús Ocaña, como administradora de una de las sociedades presuntamente utilizadas por el sindicato para el desvío de fondos, y 30 meses de prisión para Alberto González y Silvia Sariego, técnicos de UGT e IFES. Además, la Fiscalía acusa a la organización sindical UGT de un delito de fraude de subvenciones públicas e impone multas entre los diferentes imputados que superan los 2,3 millones.

El 'caso UGT' se inició en diciembre de 2014 a raíz de informaciones obtenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una operación por hechos similares en Sevilla, y por una denuncia de un extrabajador que llevó a la Fiscalía a denunciar un año después al sindicato por presunto fraude de subvenciones. Fue entonces cuando el Principado se personó en el procedimiento como acusación particular al proceder los fondos presuntamente defraudados de las arcas públicas. El caso cogió impulso en enero de 2017 con la detención de seis personas vinculadas al sindicato, incluido su exsecretario general, y el registro de la sede regional de la central. Durante todo este tiempo la defensa del sindicato y de los principales acusados ha argumentado que se trata de una cuestión meramente administrativa y ha solicitado el sobreseimiento del caso. El abogado de UGT, Francisco Alonso, insistía ayer en denunciar el «atropello» por parte de la Fiscalía al presentar su escrito de calificación provisional antes de que la Audiencia Provincial resuelva el recurso presentado por las defensas para pedir el sobreseimiento.