El Principado encara el curso con la financiación y el impulso de nuevas leyes como prioridades

Primera reunión del Consejo de Gobierno del Principado. / HUGO ÁLVAREZ
Primera reunión del Consejo de Gobierno del Principado. / HUGO ÁLVAREZ

La Diputación Permanente del Senado decidirá mañana si autoriza un debate entre el Ministerio de Hacienda y las regiones sobre el reparto de fondos

PALOMA LAMADRIDGIJÓN.

El Gobierno asturiano tiene una abultada tarea pendiente ante el inminente comienzo del curso político. Entre los deberes que se acumulan en la mochila del presidente del Principado, Adrián Barbón, hay un proyecto que se resiste por los intereses enfrentados de las comunidades. La reforma del modelo de financiación autonómica lleva años sobre la mesa, pero en las últimas semanas ha vuelto a ser objeto de debate, con pocos visos de resolverse de forma satisfactoria para todas las partes. Ante este panorama, Barbón sabe que es fundamental aunar esfuerzos y lograr una postura común para defender los intereses de Asturias ante el Gobierno central y el resto de regiones. De hecho, plantea un pacto con todos los partidos con representación en la Junta General para unificar criterios. Por ello, solicitó una reunión de la junta de portavoces del Parlamento regional con el objetivo de lograr el consenso. El Ejecutivo autonómico defiende un modelo que no se centre en la capacidad fiscal de cada territorio, sino en las necesidades de gasto y el coste efectivo de los servicios públicos.

Es la única vía, a su juicio, para garantizar la equidad entre las comunidades. Además del número de habitantes, reclama que se tengan en cuenta otras variables, como el envejecimiento de la población, la dispersión geográfica y la orografía. Barbón no solo buscará acuerdos en Asturias, sino que extenderá el diálogo a otras comunidades. Precisamente, la financiación autonómica centrará el inicio de la actividad en la Cámara Alta tras el parón estival. La Diputación Permanente del Senado decidirá mañana si acepta la petición planteada por el PP para que se celebre un debate entre el Ministerio de Hacienda y los gobiernos regionales sobre el reparto de los fondos ante los problemas denunciados por las comunidades. En el caso de Asturias, el hecho de que los Presupuestos Generales del Estado estén prorrogados unido a la ausencia de un nuevo Gobierno supone el bloqueo de casi 200 millones que debía recibir (alrededor de 120 millones de las entregas a cuenta y 75 de la liquidación del IVA).

También el martes habrá actividad para la Diputación Permanente del Congreso, que decidirá si llama al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a ocho de sus ministros para comparecer en sede parlamentaria y dar cuentas sobre distintos asuntos. Uno de los temas que los partidos piden que se aclare es la gestión del conflicto del 'Open Arms'.

Ordenas las ayudas

Pero la financiación autonómica no es la única prioridad de Barbón. Ya durante el pleno de investidura celebrado en julio anunció su intención de impulsar la actividad legislativa. Los socialistas comenzarán por retomar un proyecto que quedó pendiente en la pasada legislatura: la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales. Esta norma permitirá ordenar e integrar todas las ayudas destinadas a cubrir las necesidades básicas de personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas el salario social.

El presidente asturiano también puso de manifiesto su interés en promover, cuanto antes, la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, un ámbito por el que apuesta claramente, como demuestra la constitución de una consejería para gestionar estos asuntos. Las leyes de Garantía de Derecho a la Libre Expresión de la Identidad Sexual y/o Género, de Infancia y de Personas Mayores son otras normas que el PSOE quiere sacar adelante en los próximos cuatro años. Pero antes de ponerse manos a la obra, Barbón deberá completar la estructura de las diez consejerías que integran el Gobierno regional. La previsión es que esta semana se anuncien los nombramientos de los directores generales.