El Principado reconoce que el bloqueo de 200 millones puede «descuadrar» los presupuestos

Los 200 millones que el Gobierno central adeuda a Asturias se dividen en dos grandes bloques. Por un lado están las actualizaciones de las entregas a cuenta, que suman una cantidad próxima a los 120 millones de euros. Por otro, el Principado aún está pendiente de percibir 75 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA del ejercicio de 2017.

La actualización de las entregas a cuenta forman parte del sistema de financiación autonómica de las comunidades de régimen común, entre las que se encuentra Asturias. Se trata de una magnitud que se calcula en función de diferentes criterios y que se actualiza año a año. En el pasado ejercicio, el Principado recibió 2.576 millones de euros por este concepto, que suponen más de la mitad del presupuesto regional con el que se sufragan servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales. En el presente ejercicio, aún faltan por recibir en torno a 120 millones, resultado de la actualización del cálculo. Aunque el Principado reconoce que contaba con esta cantidad, sigue sin aclarar cómo afectaría a las cuentas regionales en caso de que se cerrarse el ejercicio sin que el pago se haga efectivo.

Las actualizaciones de las entregas a cuenta están vinculadas a los Presupuestos Generales del Estado. Hacienda no puede liberar estas cantidades sin contar con un soporte en este documento. La prórroga presupuestaria de este año, que desembocó en la convocatoria de elecciones, es la que ha provocado esta situación.

En medio del debate técnico surge también el político. La ministra de Hacienda sostiene que un informe de la Abogacía del Estado avala que el Gobierno pueda desbloquear los fondos valiéndose de un real decreto que apruebe el Consejo de Ministros y que después cuente con el respaldo de la mayoría del Congreso. Pero María Jesús Montero explica también que el actual Gobierno en funciones no adoptará esta medida que permitiría desbloquear en torno a 5.000 millones de euros para las comunidades «porque condicionaría el margen de actuación del siguiente Ejecutivo». La ministra condiciona así el desembolso de estas cantidades a la formación de un nuevo Gobierno.

La corrección del pago de la liquidación del IVA de 2017 era uno de los capítulos recogidos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que decayó. Una modificación del sistema de liquidación provocó que en ese ejercicio se computasen 11 meses en lugar de doce, dejando a las comunidades sin unos fondos con los que contaban y que sumaban 75 millones para Asturias. La solución a este problema pasa por volver a incluir esta modificación en un nuevo proyecto presupuestario o modificar la normativa, actuación que también está condicionada a la formación de un nuevo Gobierno.