El Principado simplificará los procesos administrativos en busca de «eficiencia»

El Principado se ha puesto como tarea de legislatura acometer una reforma en profundidad de la Administración asturiana. A los cambios que se avecinan en la estructura funcionarial, con una nueva Ley de Función Pública como elemento vertebrador, se suma una revisión de los procesos administrativos. Normativas como la de medio ambiente, urbanismo, patrimonio y contratación están ya en el punto de mira del Ejecutivo regional, que busca con estos cambios mejorar la «eficiencia» de un sistema basado en una concepción «decimonónica», señala el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño.

El Gobierno regional ha empezado a dar ya los primeros pasos en este sentido con la creación de grupos de trabajo con los que analizar la situación de cada una de las áreas. Durante años, la acumulación de normas ha ido creando un «monstruo» normativo que dificulta la realización de cualquier trámite ante la Administración. Las quejas de los ciudadanos son constantes, más con la pandemia, pero también las de los empresarios, que reivindican una simplificación que permita mayor agilidad en la creación y el desarrollo del trabajo de las empresas.

Los cambios que se planteen en este sentido tendrán que conjugarse con dos ejes que han sido fundamentales en la creación de la regulación actual y que deberán seguir estando presentes: la participación pública y la seguridad jurídica. Combinar ambos elementos con una mayor agilidad y eficiencia será una de las dificultades a las que se enfrente el Gobierno regional para sacar adelante su plan de reforma.

Los cambios en los procesos administrativos son una de las patas de la gran reforma de la Administración que planea el Principado. Tal y como señaló el vicepresidente del Principado en declaraciones a este periódico, la intención del Ejecutivo pasa por hacer una profunda revisión de la estructura funcionarial, adaptándola a las necesidades de una época muy distinta de la de la creación de la Administración autonómica hace casi 40 años.

Entre los planes del Ejecutivo está incorporar nuevas profesiones a la plantilla autonómica, aprovechando que en los próximos diez años se jubilará la mitad de los funcionarios con los que cuenta hasta ahora. Los cambios pasan también por una modificación regulatoria que permita una mayor movilidad del personal en todo el ámbito de la Administración, tratando de poner solución así a los problemas de rigidez que quedaron patentes, sobre todo, durante los primeros meses de la pandemia.

La remuneración ligada a objetivos es otra de las metas que se ha fijado el Principado para acometer su reforma y acercar la Administración regional a los parámetros de «eficiencia y eficacia que exigen los ciudadanos», señala Juan Cofiño.

Todo ello se conjugará con lo que el vicepresidente del Principado calificó como «contención» en lo que al capítulo de gastos de personal se refiere. Con una plantilla cercana a los 37.000 trabajadores, el Principado presupuestó para el presente ejercicio 1.831 millones de euros, lo que suponía un 38% de las cuentas regionales.