La Audiencia Nacional admite el recurso de Castilla y León contra la protección especial del lobo
Supone que comience a tramitarse la suspensión de la vigencia de la orden, como medida cautelar para dejar sin efecto la prohibición de cazar ejemplares al norte del Duero
P. Pérez | EP
Lunes, 1 de noviembre 2021, 15:56
La disputa entre el Gobierno central y las comunidades del noroeste (Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria) por la protección especial del lobo son más que evidentes. Hace menos de una semana representantes de los cuatro ejecutivos autonómicos se reunían en León para acordar no participar en las reuniones organizadas por el Ministerio de Teresa Ribera y, a su vez, crear un grupo de trabajo sobre la gestión de la especie. Las cuatro regiones, que aglutinan en sus territorios más del 95% de la población de lobo ibérico, mostraron su «desacuerdo» con la dinámica de la elaboración de la nueva Estrategia para la conservación. En este contexto, la Junta de Castilla y León presentó hace unas semanas un recurso ante la Audiencia Nacional contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 20 de septiembre de 2021, sobre el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, referido al lobo.
Ahora, los magistrados de la Audiencia Nacional han admitido a trámite este recurso. Además, reclama al Ministerio el envío de todo el expediente administrativo de elaboración de la citada orden, lo que permitirá a los Servicios Jurídicos autonómicos, una vez se entregue, formalizar su demanda.
Esta decisión supone, en la práctica, que comience a tramitarse la pieza de suspensión de la vigencia de la orden, como medida cautelar solicitada el Ejecutivo castellano y leonés para dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos al norte del río Duero mientras se tramita el recurso, y da traslado al Estado para sus alegaciones, antes de resolver al respecto.
Como señala el director de los servicios jurídicos de la Consejería de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, con esta impugnación se pretende «evitar que se perjudique la situación de los ganaderos», que son las verdaderas «víctimas» de la decisión tomada por la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ante un régimen «excesivo» de sobreprotección del lobo. En Castilla y León, ha recordado González Gago, en 2020 se alcanzaron las 3.157 cabezas de ganado muertas por los ataques, lo que arroja una media de mas de ocho cada día del año.
Reclaman diálogo
Una de las cuestiones que más ha enfadado a las comunidades afectadas afectadas - Asturias, Galicia, Cantabria, y Castilla y León- es que la protección especial del lobo se aplicó tomó «sin ningún dialogo» con los respectivos Gobiernos autonómicos.
Con la interposición de este recurso, el Gobierno autonómico ha explicado que «no se sitúa en contra del lobo, sino en contra de una orden que se ha impuesto de forma unilateral y arbitraria por parte del Gobierno de la nación», que «olvida» que cualquier medida en este ámbito debe garantizar un equilibrio estable entre la conservación del cánido y el mantenimiento de la actividad ganadera.
«No resulta, por tanto, admisible esta medida cuando las poblaciones de lobos en Castilla y León, lejos de estar en riesgo, han venido experimentado una evolución favorable», ha agregado el Ejecutivo castellano y leonés, que ha concretado que las medidas de gestión han permitido que se haya pasado en los últimos años de 125 manadas (en 1988) a 175 manadas (en 2013).
Una premisa «falsa»
El director general del Medio Natural del Gobierno de Asturias, David Villar, señalaba el pasado 27 de octubre que el lobo en las comunidades del noroeste está en un estado de conservación favorable. Agregaba que la orden de protección especial parte de una premisa «falsa» e «inexacta» y criticaba al Ministerio liderado por Teresa Ribera por enviar a la Unión Europea un informe que no tiene en cuenta los datos suministrados por las comunidades autónomas.
«Se ha trasladado a la Unión Europea un informe sobre el estado de conservación de la especie que no tiene en cuenta los datos que le hemos enviado desde las comunidades autónomas», dijo Villar tras reunirse con dirigentes de los gobiernos de Castilla y León, Cantabria y Galicia.
«El lobo en el noroeste peninsular, en las comunidades aquí sentadas, que albergamos el 98% de la población, se encuentra en un estado de conservación favorable», señalaba Villar.
