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El tío de Gabriel, durante su declaración. M. C.

«No vi señal de arrepentimiento en Ana Julia ningún día, y ocasiones tuvo»

Los agentes que llevaron la investigación subrayan su interés por controlar los datos y desviar las sospechas a su expareja

Cecilia Cuerdo

Almería

Miércoles, 11 de septiembre 2019, 12:00

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Los agentes que llevaron a cabo la investigación para intentar localizar a Gabriel Cruz en marzo de 2018 han resaltado que Ana Julia Quezada, acusada del crimen «no mostró arrepentimiento en ningún día, y ocasiones tuvo», según relató esta mañana en el juicio el sargento de la Guardia Civil que actuó como secretario de las diligencias. En su declaración, resaltó que no solo no colaboró, sino que trató de obtener información e incluso desvió las sospechas hacia su expareja, lo que malgastó tiempo y recursos.

La sesión del miércoles de la vista oral se ha centrado en la investigación policial que se desarrolló tras la desaparición del niño, y cómo, una vez descartada la posible intervención de un hombre que acosaba a Patricia Ramírez, madre del niño, las sospechas se concentraron en el entorno familiar del pequeño. El punto de inflexión, han coincidido varios agentes, se produjo el día 3 de marzo, cuando Ana Julia localizó una camiseta que dijo pertenecía al niño. La prensa estaba en las inmediaciones de la casa de su expareja y, según Quezada, era la que llevaba el niño puesta el día de su desaparición, por lo que incluso «olía a él».

Esos datos, unidos a que la prenda estaba seca y sin manchas, pese a que «esos días llovió como nunca» en Almería, levantó las sospechas no solo de los agentes, sino también de la propia madre de Gabriel. Asimismo, los testimonios han incidido en cómo cambió el ánimo de la acusada cuando, pese a su intención inicial y por recomendación de la Guardia Civil, finalmente se rechazó subir la cantidad de una posible recompensa. Las extrañas y reiteradas pérdidas del móvil por parte de Ana Julia también despertaron el interés de los agentes que llevaban la investigación.

Tanto este sargento como el teniente sobre el que recayó la instrucción, han desmontado la tesis de Ana Julia sobre sus intentos de contar lo ocurrido o incluso su deseo de suicidarse. Relataron cómo la acusada asumió un papel de representación de Ángel Cruz, lo que le permitió ir conociendo datos de la investigación y tratar de adelantarse a sus planes, e incluso rebatieron el posible suicidio al explicar que en su bolso solo hallaron una decena de pastillas, «una cantidad sin importancia».

Vídeo.

Asimismo, un policía local de Níjar que participó en el dispositivo de búsqueda, ha señalado que cuando tuvo conocimiento de las circunstancias en las que tuvo lugar ese hallazgo, en un lugar ya registrado pero al que Quezada los llevó expresamente y donde residía una expareja con la que terminó mal, se le pusieron «los pelos de punta porque era el relato de un plan».

Las declaraciones han incidido, además, en la personalidad «fría y calculadora», además de «materialista», de la acusada. Ya con el cadáver en el coche, y tras haber captado el dispositivo de seguimiento cómo lo había desenterrado de la fosa en la que lo ocultó, la oyeron decir «tranquila, Ana, que no vas a ir a la cárcel». Los agentes sospechan que la fosa de Rodalquilar era una ubicación temporal para el cadáver, pero el interés mediático despertado por el caso le obligó a mantenerlo en el tiempo, y que las continuas visitas de la acusada eran para cerciorarse de que no había alimañas que hubieran podido desenterrar el cuerpo.

La defensa de Ana Julia ha centrado sus interrogatorios en la presencia del hacha y la pala, que supuestamente usó la acusada para ocultar al pequeño, en la finca, dado que los familiares sostienen que eran herramientas que podrían estar en la casa de Rodalquilar pero que se hallaron sospechosamente ordenadas.

«Los derechos humanos son intocables»

La madre del pequeño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez, ha agradecido este miércoles las muestras de «afecto» y «cariño» recibidas durante la celebración del juicio con jurado que acoge la Audiencia Provincial de Almería contra la autora confesa del crimen, Ana Julia Quezada, por el que declaró a puerta cerrada y sin mampara en la tarde de este martes.

«Gracias infinitas a los que alzáis la voz junto a la nuestra en la lucha de un trato más sensible y con el respeto que se merece», ha manifestado Patricia Ramírez en un apunte en su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha incidido en que «los derechos humanos son intocables, así como los niños» con la etiqueta #porlasonrisadeGabriel.

A través de su perfil ha recordado la campaña impulsada a través de la web mareadebuenagente.org con la que ha solicitado un correcto tratamiento informativo y ha compartido de nuevo el logotipo del 'Pacto ético por la sonrisa de Gabriel', con el que presente simbolizar «el respeto hacia su memoria» así como a la «intimidad y voluntad de callar la rabia» para favorecer «un juicio justo».

Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, es trasladada a la Audiencia Provincial de Almería. EFE

Investigan si funcionarios de prisiones han revelado datos de Ana Julia

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación para esclarecer si funcionarios de prisiones han revelado en las últimas horas en medios de comunicación datos confidenciales de Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han señalado a Efe que esta decisión se ha adoptado después de que presuntos funcionarios de prisiones hayan desvelado en varios programas de televisión detalles sobre la estancia en la prisión almeriense de 'El Acebuche' de Quezada, que se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable por asesinato.

No es la primera vez que Instituciones Penitenciarias investiga filtraciones por parte de funcionarios de prisiones sobre algún interno y que, a juicio de Prisiones, no solo atentan contra el derecho fundamental a la intimidad de los reclusos, sino que también perjudican gravemente a las víctimas.

La norma considera falta muy grave la publicación o utilización indebida de información a la que un funcionario haya tenido acceso pro razón de su carga o función. Estas actuaciones son calificadas de infracciones disciplinarias en el Código Penal.

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