Teresa Mallada pide el sobreseimiento de la demanda por la residencia del Montepío

Teresa Mallada pide el sobreseimiento de la demanda por la residencia del Montepío
Teresa Mallada. / Imanol Rimada

La candidata del PP a la Presidencia del Principado argumenta que el delito de prevaricación que se le imputa «está prescrito»

DANIEL FERNÁNDEZGIJÓN.

Teresa Mallada pide al juzgado de instrucción número 3 de Oviedo el sobreseimiento de la causa abierta contra los miembros de Corporación municipal de Aller entre 2008 y 2010 -periodo en el que la actual candidata del PP a la Presidencia del Principado era portavoz municipal de este partido, en la oposición- por un presunto delito de prevaricación en la cesión de los terrenos donde se construyó la residencia geriátrica del Montepío de la Minería, en Felechosa. Esta demanda, interpuesta por Xente por Aller, acaba de ser incorporada al sumario del 'caso Hulla', que investiga un presunto delito de desvío de fondos públicos en la construcción de esta instalación.

Las diligencias de denuncia por prevaricación administrativa contra Mallada y los otros 16 concejales de la Corporación allerana han sido asumidas por el juzgado de instrucción número 3, que instruye el 'caso Hulla', tras inhibirse en su favor el juzgado de Lena donde fue interpuesta la demanda. En el escrito presentado por el abogado de Mallada, Ignacio Álvarez-Buylla, se acepta la inhibición y se pide el sobreseimiento de la causa, al entender que los hechos imputados «no son constitutivos de delito alguno», alegando, además, que «están prescritos».

Voto no decisivo

Argumenta el representante legal de la candidata que el voto favorable de Teresa Mallada a la cesión de los terrenos para construcción de la residencia «no es el elemento causal decisorio, pues el previo acuerdo de la Junta de Gobierno -formada por ediles del del PSOE e IU- conllevaba la aprobación en el Pleno». O lo que es lo mismo, que debido a que el Partido Socialista e Izquierda Unida tenían la mayoría de ediles de la Corporación «el acuerdo de compra y posterior cesión gratuita» de los terrenos «se adoptaba irremediablemente», por lo que el voto de Teresa Mallada no era decisivo para aprobar la operación.

En el escrito se advierte también de que se dio traslado del acuerdo al Principado, que no puso reparo alguno.

Añade también ya fueron denunciados a la Fiscalía por otro vecino de Aller, los «posteriores hechos» referidos a otorgamientos de licencias, proyecto de urbanización, construcción del edificio, utilización de fondos... En ese caso, recuerda el abogado de Teresa Mallada en su escrito, el fiscal instructor decretó el archivo de las diligencias «porque los hechos denunciados son posteriores a los ahora imputados a mi mandante, por ser hechos anteriores a la reforma del Código Penal de 2010 y por estar, en todo caso, prescritos».

Recuerda el letrado que «es evidente que los acuerdos adoptados por todos los concejales del pleno en 2008 y 2009 referidos a esta compra y posterior cesión del inmueble son hechos que por la parte denunciante encajan en el tipo penal de prevaricación». Pero, prosigue, «en el Código Penal de 1995 y hasta la reforma de 2010 llevaba prevista una pena que conllevaba que el plazo prescriptivo de tal delito sería, en el peor de los casos, de cinco años, los cuales habrían transcurrido con creces cuandos se presentó» y admitió a trámite la denuncia.

El escrito presentado por Teresa Mallada, fechado en Oviedo el pasado 19 de marzo, concluye solicitando el sobreseimiento de la demanda. «Dado que a mi mandante le perjudica gravísimamente la atribución de condición de investigada en estas actuaciones debido al momento político en que nos encontramos (en plena campaña electoral a las elecciones a la Junta del Principado de Asturias), solicitamos que si no hay hechos que sean tipificables como delito de prevaricación se analice con urgencia lo expuesto y se decrete el sobreseimiento».

Alegaciones del resto de ediles

A diferencia de Teresa Mallada, el resto de miembros de la corporación allerana investigados en la misma causa por un presunto delito de prevaricación administrativa han presentado alegaciones contra la decisión del juzgado de instrucción número 3 de Oviedo de asumir la causa tras la inhibición de un juzgado de Lena. En el escrito presentado por Enrique Ríos Arguello, abogado con despacho en Valladolid contratado por el Ayuntamiento de Aller para llevar sus procedimientos judiciales, también se argumenta que los delitos que se le imputan a sus representados estarían prescritos y rechaza la inhibición del juzgado número 2 de Lena en este asunto.

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