Teresa Mallada: «Todo el proceso fue legal»

Teresa Mallada, durante su comparecencia de este viernes en la sede del PP de Asturias. / Mario Rojas

La candidata del PP defiende su actuación en la tramitación del proyecto del geriátrico de Felechosa, por lo que es investigada junto a toda la corporación de Aller de 2008

ANDRÉS SUÁREZ / RAMÓN MUÑIZ

Teresa Mallada ha negado cualquier irregularidad en el proceso de tramitación del geriátrico de Felechosa, por el que la candidata del PP al Principado y toda la corporación de Aller en 2008, presidida por el socialista Gabriel Pérez Villalta y en el que la expresidenta de Hunosa era concejal de la oposición, están siendo investigados. Así lo ha afirmado esta tarde Mallada en una comparecencia en la sede regional del partido, después de que la jueza que instruye el 'caso Hulla' ha decidido imputarla, como al resto de la corporación, por un presunto delito de «prevaricación urbanística» en el proceso de cesión de los terrenos al Montepío de la Minería para construir el edificio.

Mallada insistió en que no ha habido irregularidad alguna por su parte. «Todo el proceso fue legal», afirmó y recordó que el proceso «contó con el aval del Principado». Apuntó, además, que «hicimos lo mejor para el municipio que pudiera construirse una residencia de ancianos y dar empleo a más de cien trabajadores».

Asimismo, la candidata del PP hizo hincapié en que «tengo todo el apoyo» de la dirección nacional y que «es extraño que esto salga ahora». Aunque de forma velada, Mallada dio a entender que tras esta decisión judicial hay movimientos sospechosos. Lo hizo por la vía de considerar «extraño» que un asunto que lleva ya un cierto recorrido judicial se active ahora que ha sido nombrada candidata al Principado y a las puertas de unas elecciones autonómicas.

Señaló que esta misma tarde ha contactado con la dirección nacional del PP, que le trasladó su pleno apoyo «para ganar las elecciones», y descartó dar un paso atrás y renunciar. «No entiendo por qué debería hacerlo, ni siquiera me ha llamado nadie a declarar», zanjó.

Investigada

La candidata del PP a las elecciones autonómicas, María Teresa Mallada, está siendo investigada judicialmente por un presunto delito de prevaricación administrativa durante su etapa como concejal de Aller. Por esos mismos hechos están también en la condición de investigados (la actual denominación de imputados) todos los ediles de la Corporación entre los años 2008 y 2010.

La causa se inició por denuncia, entre otros, del Grupo Municipal Xente por Ayer/Aller y la estaba dirigiendo desde el año pasado el Juzgado de Instrucción número 2 de Lena. Tras las primeras pesquisas sin embargo el instructor solicitó inhibirse del asunto en favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, al ser éste el que antes inició la investigación del 'caso Hulla', con el que considera que los hechos están conectados. La magistrada-juez María Begoña Fernández, titular de Instrucción número 3 de Oviedo, acaba de dictar un auto asumiendo la competencia y sumando a su lista de investigados a la propia Mallada, junto a otros 16 responsables municipales.

Esta subtrama trata de aclarar la responsabilidad de los señalados en una operación mediante la cual el consistorio allerano adquirió terrenos al Ayuntamiento de Mieres para «su posterior cesión gratuita al Montepío de la Minería, para la construcción del geriátrico de Felechosa, subvencionado con fondos estatales», según recoge la resolución judicial. En concreto se analiza las acciones y omisiones que posibilitaron dicho desarrollo urbanístico, al objeto de ver si son conformes a la legalidad.

Siete del PSOE, siete del PP y tres de IU

La decisión afecta a una corporación entonces formada por siete concejales socialistas, siete del PP y tres más de IU. La denuncia original fue interpuesta por Patricia Díaz Baizán, edil de Xente por Ayer (la marca local de Podemos), en 2017. Poco después esta edil abandonaría el cargo «por motivos laborales». En ella aseguraba tener pruebas de un supuesto caso de prevaricación y dejadez de funciones, así como otro presunto ilícito de abuso en el ejercicio de las funciones propias del cargo.

El escrito precisa que en julio de 2008 el consistorio allerano se hizo con una serie de fincas en Las Pedrochas (Felechosa), comprándoselas al consistorio de Mieres. Ello «a pesar de que desde los servicios técnicos y jurídicos municipales se había informado desfavorablemente de esta compra al considerar injustificada la actuación del Ayuntamiento como intermediario en esta operación», recoge la denuncia. Entre los motivos se esgrimía que el Montepío, beneficiario último de la gestión, «contaba con solvencia suficiente» para comprar él mismo las parcelas y que además el gasto entraba dentro de los que la entidad podía repercutir a los Fondos Mineros.

El 21 de noviembre de 2008 el Ayuntamiento de Aller acordó, por unanimidad de los 17 concejales ahora investigados, la cesión provisional de los terrenos al Montepío. Antes de ese momento, la Secretaría habría advertido de que la decisión incumplía el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales en lo tocante a la enajenación del terreno y en la fórmula aplicada para la cesión gratuita. La normativa solo lo permitiría para entidades públicas o sin ánimo de lucro, algo a lo que, según la denunciante, no se ajusta al Montepío de la Minería.

La denuncia asegura que también la Intervención Municipal manifestó su oposición a la operación entendiendo que el objeto de la misma era favorecer a una entidad privada «en un momento en el que además la situación económico-financiera del Ayuntamiento estaba comprometida con un saldo negativo en tesorería».

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