Teresa Ribera recibe a Javier Fernández mañana para abordar el futuro del carbón

Al encuentro con la ministra acuden los presidentes de las tres comunidades autónomas más afectadas por el cierre de explotaciones de carbón y de plantas que utilizan ese mineral como combustible para producir electricidad.

El Gobierno prepara una Estrategia de Transición Justa para las comarcas mineras y con centrales nucleares en proceso de cierre para evitar el impacto en la economía, el empleo y la población del cese de su actividad en las zonas donde se radican.

En Castilla y León, comunidad autónoma que preside el popular Juan Vicente Herrera, la central de carbón de Anllares, ubicada en Páramo del Sil (León) y participada en un 66,67 % por Naturgy y en un 33,33 % por Endesa Generación, ya tiene autorizado su cierre.

Además, Endesa solicitó la semana pasada el cierre de la planta térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil (Teruel), en la que tiene 160 empleados directos, a los que hay que sumar los de las empresas auxiliares.

También Iberdrola tiene pedido desde el año pasado el cierre de la central térmica de Velilla del Río Carrión (Palencia).

La comarca leonesa de El Bierzo, donde se ubican las plantas de Anllares y Compostilla, se ve también castigada por el fin de la explotación de las minas de carbón y el pasado 16 de diciembre más de 15.000 personas se manifestaron por las calles de Ponferrada (León) para pedir un futuro para la comarca de El Bierzo que pase por la reindustrialización de la zona.

Además, en Castilla y León se encuentra la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), cuyo cierre fue autorizado por el Gobierno el año pasado, y para cuya zona habrá un plan específico dentro de la Estrategia de Transición Justa, según indicó en septiembre pasado la delegada del Gobierno en la región, Virginia Barcones.

En Aragón, presidida por el socialista Javier Lambán, Endesa también ha solicitado el cierre de la central de carbón de Andorra (Teruel), que tiene 153 trabajadores directos y de la que depende en gran parte la economía y el empleo de esa comarca.

Asturias, presidida por el socialista Javier Fernández, es la comunidad más afectada por el cierre de las minas de carbón cuyas empresas no hayan devuelto a 31 de diciembre las ayudas estatales que recibieron en el periodo 2011-2018.

Sólo la empresa pública Hunosa, que tiene tres pozos operativos en la cuenca central asturiana, cuenta con algo menos de mil trabajadores directos y 500 pertenecientes a subcontratas.

La semana pasada CCOO y SOMA-FITAG-UGT alcanzaron un principio de acuerdo con la empresa sobre el plan industrial de Hunosa, que, según estos sindicatos, asegura el empleo de los trabajadores contempla el mantenimiento de la actividad en el pozo San Nicolás y fija un plazo de más de dos años para los trabajos de clausura de los de Carrio y Aller.

En Asturias también se encuentra la central eléctrica de carbón de Lada, propiedad de Iberdrola, que ha solicitado su cierre.

La reunión de la ministra con los presidentes de estas tres comunidades autónomas se produce después de que en el último Consejo de Ministros se aprobara el decreto-ley de medidas para la transición justa de la minería del carbón, que, además de prejubilaciones, bajas incentivadas y una bolsa de trabajo, contempla destinar 100 millones en 2019 a políticas de transición justa y lucha contra el cambio climático en las zonas afectadas.