Borrar
El «veto parental» divide a la comunidad educativa de Asturias

El «veto parental» divide a la comunidad educativa de Asturias

Padres y docentes de la concertada defienden la «libertad» de las familias, mientras la escuela pública en bloque muestra su rechazo

O. ESTEBAN

GIJÓN.

Martes, 21 de enero 2020, 02:21

Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad.

Compartir

La situación de Asturias dista mucho de la de Murcia, que es donde ha surgido la polémica sobre el 'pin parental'. El peso político de Vox es muy distinto, pero lo es, sobre todo, la postura de la propia Consejería de Educación. El departamento dirigido por Carmen Suárez tiene claro que estas medidas «afectan al alumnado, que peligrosamente puede verse privado de una educación plural, democrática, solidaria, crítica y conforme a las leyes educativas». También afecta a los docentes: «¿Cómo cabe considerar que el profesorado no ejerce su trabajo con dedicación y toda la responsabilidad y dignidad posibles? ¿Cómo cabe considerar que no velan por los derechos del alumnado?» «Desde la responsabilidad política que nos compete vamos a utilizar todos los referentes democráticos y constitucionales que nos hemos dado. Defenderemos que de nuestras aulas salga una ciudadanía responsable para que la libertad, la democracia, la justicia social, el internacionalismo, el pacifismo, todas ellas ideas que han cambiado en el mundo no se vuelva a a retornar en oscurantismo». Así lo ha manifestado la Consejería de Educación asturiana.

Y su postura es la misma que mantiene la comunidad educativa de la escuela pública. Padres y sindicatos docentes muestran un rechazo frontal y sin fisuras. Pero en la concertada no sucede lo mismo. La red, que representa al 30% del alumnado asturiano, defiende la «libertad» de las familias. División, salvo en dos ideas. La primera, cierta «sorpresa» por la polémica, cuando Asturias lleva años llevando a las aulas programas como 'Ni ogros ni princesas', que cumplió una década en el curso 2017-2018, cuando llegó a 49 centros asturianos. Casi 11.000 estudiantes recibieron formación afectivo-sexual. La segunda coincidencia, que en Asturias «no hay problema».

Borja Llorente, de CC OO, muestra su «sorpresa» por el rechazo a unos contenidos que «ya incluía la LOGSE en 1990. Qué retroceso hemos tenido para que algo que en el 90 era normalizado y válido ahora se haya convertido en esto». Marián Moreno, de SUATEA, es especialmente crítica. «Me gusta más llamarlo 'veto familiar', porque es un veto y una censura a lo que, por ley, aparece como educación para la igualdad y la diversidad sexual». Las familias, defiende, tienen la información sobre los contenidos que se dan en los centros a través de las AMPAS y los consejos escolares. «Es un debate falso», concluye. «Lo que se quiere imponer es que no se trabaje ni la igualdad, ni la diversidad sexual en las aulas. Se quiere imponer que el profesorado tenga miedo a las denuncias».

En la misma línea se expresa ANPE, que lamenta «el uso de la Educación para azuzar el frentismo político. Unos y otros se sirven de la escuela para conseguir fines políticos sin importarles realmente la formación de nuestros alumnos». ANPE hace «un llamamiento a la calma: el profesorado es profesional y seguirá haciendo su trabajo de acuerdo a la norma y el currículo». No cabe, dice, que las familias se puedan oponer a actividades curriculares. Indignación también en las filas de UGT. «No solo es ilegal, sino que es una injerencia ante la labor que desarrollan los profesionales», explica Maxi Fernández. «Es un ataque al derecho del alumnado a una educación que permita su desarrollo integral. Quieren dividir a la sociedad en un debate que nunca existió», lamenta Fernández. «No lo vamos a tolerar». Comparte ese temor con un sector de padres de alumnos, aunque entre las familias no hay un frente común. Desde la federación de asociaciones de padres de la pública Miguel Virgós se muestra un «total y frontal rechazo» a algo que, para ellos, supone «dar un paso hacia atrás y menoscabar los derechos de los niños y la autonomía de los centros». «La batalla política no beneficia en nada a la educación ni a la escuela pública», dice su presidenta, Clara Díaz.

En el otro lado, padres y docentes de la concertada. Otecas es el sindicato mayoritario de la red y José Manuel Cueto tiene claro que «defenderemos todo lo que sea legal y se ajuste a la Constitución. El artículo 27.3 es la razón de ser de la escuela concertada así que no podemos menos que apoyar la libertad de los padres». Insiste: «Mientras las acciones se ajusten a la ley, los padres pueden ejercer su derecho». De la misma opinión es la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa). Su presidenta, Desireé Fernández, defiende la libertad de los padres a oponerse a elegir la formación que reciben sus hijos «si hay algo que vaya en contra de sus valores o de lo que creen». Fernández admite haber recibido llamadas de «alguna familia de centros públicos» solicitando información al respecto.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios