«La disolución de ETA no cambia nada»

Juan Carlos García, policía nacional, estuvo destinado en Pamplona ocho años. / ÁLEX PIÑA
Juan Carlos García, policía nacional, estuvo destinado en Pamplona ocho años. / ÁLEX PIÑA

Familiares de víctimas asturianas exigen que se «juzguen todos los asesinatos» | Rechazan el «perdón sesgado» de la banda criminal y advierten de que no les corresponde a los terroristas «poner el contador a cero»

ANA MORIYÓN GIJÓN.

La primera víctima asturiana de ETA fue Manuel Llanos Gancedo, natural de Villar de Vildas (Somiedo). Tenía 24 años y trabajaba como camarero en la cafetería Rolando de la calle Correo de Madrid, donde el 13 de septiembre de 1974 la banda terrorista colocó un potente artefacto que se llevó trece vidas y dejó 71 heridos. ETA nunca reconoció aquella masacre. El último asturiano al que la organización criminal arrebató la vida fue Juan Carlos Beiro, guardia civil natural de Langreo y destinado en Navarra. Los terroristas colocaron en Leitza el 24 de septiembre de 2002 una pancarta en la que se podía leer: 'Guardia civil, muere aquí'. Beiro apenas se había bajado del coche patrulla cuando activaron la bomba trampa. Sigue sin haber responsables por aquel asesinato. Entre ambos episodios transcurrieron casi tres décadas y, en total, fallecieron a manos de este grupo armado 24 asturianos.

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El perdón selectivo por parte de la banda terrorista y la batería de anuncios que ha llevado a cabo en los últimos años, para comunicar primero el cese de su actividad, luego la entrega de armas y ahora la disolución, en absoluto mitiga el dolor de las víctimas. Las familias asturianas coinciden en que los terroristas ya no matan porque «no tienen capacidad operativa» tras ser derrotados por las fuerzas y cuerpos del Estado, y advierten de que todo lo demás es «pura estrategia» para conseguir acercar a los presos, reducir sus condenas y que la sociedad se olvide de los 358 asesinatos -de los 831 cometidos- sin resolver. Y ellos no permitirán que esto ocurra. «No corresponde a ETA poner el contador a cero», declaran.

Ana Isabel Díaz es hermana del joven policía nacional Francisco Javier Díaz, asesinato en 1991 en Barcelona. Él y su compañero fueron tiroteados a bocajarro. Se muestra muy crítica con el anuncio del final de ETA, que atribuye a una mera campaña propagandística que busca beneficios penitenciarios. Recuerda que hay más de 300 casos sin resolver y exige a la banda que, si está arrepentida, colabore con la Justicia para esclarecer la autoría de cada una de esas muertes y ponga a disposición judicial a terroristas como Josu Ternera. «Pero eso no lo hacen», recrimina Ana Isabel Díaz, que ejerce como delegada asturiana de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). «Lo venimos pidiendo desde que, en 2010, anunciaron su primer alto al fuego y comenzaron este circo», reprocha.

María José Rama no puede estar más de acuerdo con las palabras de la portavoz asturiana. El asesinato de su marido sigue sin resolverse. «Ya sabemos que no matan, pero los asesinos andan sueltos. No ha cambiado nada», sentencia la viuda del cabo langreano Juan Carlos Beiro, indignada por el hecho de que determinados representantes políticos celebren que «tres encapuchados» salgan anunciando el fin de ETA. «¿Y esos tres quiénes son? ¿Quién me dice que uno no es el asesino de mi marido? ¿Quién me dice que no me lo he cruzado alguna vez por la calle?», se pregunta. No se cree ni una palabra de los terroristas. «No se arrepienten de nada, no pueden pedir perdón y luego negarse a declarar en los juicios para resolver los casos pendientes», resuelve Rama, quien advierte de que ni ella ni el resto de las víctimas descansarán hasta que todos y cada uno de los asesinatos sean juzgados.

Miguel Ángel Santos, representante comercial asturiano, perdió la vida el 12 de julio de 1979 en el atentado contra el hotel Corona de Aragón en el murieron 78 personas que, además, no fueron reconocidas como víctimas del terrorismo hasta 2009. Tenía tres hijos, el menor de cuatro meses, y su viuda, Pilar Álvarez, escucha indignada la «nueva pantomima por parte de ETA» y el uso que los partidos políticos hacen de las víctimas. «El perdón no lo quiero. Lo que yo quiero, lo que yo y mis hijos necesitábamos, ya nos lo han quitado», zanja.

Herido en Pamplona

Pamplona fue el primer destino de Juan Carlos García, policía nacional natural de Morcín, aunque vecino de Oviedo. Llevaba viviendo en la capital navarra cinco años cuando resultó herido con un coche bomba en la Universidad de Navarra. «Ni olvido ni perdono, pero no por mí, por muchos compañeros que perdieron la vida, por sus viudas y por sus hijos. No se puede olvidar todo aquello por mucho que ellos digan ahora que se disuelven cuando lo cierto es que no tienen capacidad para seguir matando», responde el agente, ahora destinado en Oviedo. «Me indignaría mucho que consiguieran por esto beneficios penitenciarios. Bastante bien viven en la cárcel. Las víctimas no tienen ni eso», concluye.

José Fernando Fernández, guardia civil jubilado, también sufrió un atentado de ETA. El 2 de noviembre de 1984 un comando de siete personas atacó con lanzagranadas y varias ráfagas el cuartel de la Guardia Civil de Ayala (Álava), donde estaba destinado. No hubo fallecidos aunque a su esposa, que también vivía en la casa cuartel, «le pasó una carga hueca a cuatro dedos de la cabeza», recuerda. «Lo peor son las secuelas psicológicas», asume.

Años más tarde, en mayo de 1997, ETA mató de un tiro en la nuca mientras cenaba con su mujer en un restaurante de Zuérbana, cerca de Bilbao, a su primo, también guardia civil, José Manuel García Fernández, vecino de Coaña. «No queremos su perdón ni queremos que acerquen a sus presos. Me da igual si sus familias tienen que cruzar media España para verles. A la mujer de primo solo le queda una lápida».