El PP denuncia la «desaparición de más de 400 alegaciones» contra la descatalogación de la rasa de Nueva

Iniciará un contencioso administrativo contra la Consejería de Medio Rural y Pesca

IRENE GARCÍALLANES
DENUNCIA. Luis Peláez y Fidel Sánchez ayer en Llanes. / N. ACEBAL/
DENUNCIA. Luis Peláez y Fidel Sánchez ayer en Llanes. / N. ACEBAL

La polémica en torno a la descatalogación de la rasa de Nueva como monte de utilidad pública sigue vigente. Tras la aprobación por parte de la Consejería de Medio Rural de una descalificación parcial de esta zona, el Partido Popular denuncia ahora «la desaparición de más de 400 alegaciones» contra esta actuación. Así lo aseguraron ayer el presidente del PP de Llanes, Fidel Sánchez, y el diputado popular en la Junta del Principado, Luis Peláez. Afirman que la mayor parte de las alegaciones de los vecinos y ganaderos de las zonas afectadas, e incluso las de su propio partido, «no aparecen en el expediente».

Los populares explican que tras ver que en las últimas fechas se estaban respondiendo las alegaciones realizadas por ciertas asociaciones y particulares, y comprobar que otras «no recibían contestación», decidieron acudir a la consejería, a Oviedo, para ver de primera mano el expediente. Aseguran que se encontraron con «un hecho gravísimo»: la ausencia de esas alegaciones. Inmediatamente, Peláez solicitó una interpelación con la consejera de Medio Rural, Servanda García, para abordar esta cuestión. En el Partido Popular consideran que ha habido «intencionalidad» en esta situación.

El alcalde de Los Carriles, José del Río, acompañó a los populares y también afirma que sus alegaciones no constaban, pese a haberlas registrado en plazo y forma convenientes. Él remitió dos escritos para protestar por esta situación, uno a la propia consejería y el otro al Defensor del Pueblo.

«Dos posibles delitos»

El PP lo tiene claro, irá a los tribunales. «Se adivinan al menos dos posibles delitos, ocultación de documentación pública y prevaricación por omisión», señala Sánchez, quien asegura que «se agotarán todas las vías posibles» para evitar esta descatalogación. Los populares siguen dudando de los objetivos de esta descalificación y mantienen su rotundo rechazo a la misma. Peláez llega a insinuar su sospecha de posibles intereses inmobiliarios detrás de esta descatalogación. «No hay una petición argumentada para justificarla verdaderamente la intencionalidad del Gobierno regional», critica Peláez, quien lamenta que la Ejecutiva encabezada por Areces «está cada vez más alejada de los intereses de los ciudadanos».

Sospechan de las «prisas» que dicen que ha tenido el Ejecutivo regional para descalificar parcialmente estos montes. Se refieren incluso al hecho de que el periodo para presentar alegaciones haya sido en agosto, «con las dificultades que eso conlleva».