El PP de Llanes se querella contra la alcaldesa por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias

Asegura que el suministro de caliza para pavimentar el puerto se contrató «de forma clandestina» con una empresa de su hermano Los populares acusan también a la concejala de Empleo y a un técnico municipal de Urbanismo

SERGIO G. MALLADALLANES
CRÍTICOS. Juan Carlos Armas, Roberto Roces, Fidel Sánchez, Jesús Álvarez y Milocha Rodrigo, en la sede del PP llanisco. / D. E./
CRÍTICOS. Juan Carlos Armas, Roberto Roces, Fidel Sánchez, Jesús Álvarez y Milocha Rodrigo, en la sede del PP llanisco. / D. E.

El PP de Llanes interpuso ayer, en el juzgado de instrucción de la villa, una querella criminal contra la alcaldesa, Dolores Álvarez Campillo; su hermano Ricardo, representante legal de la empresa Calizas Ornamentales de Asturias, S. L.; la concejala delegada de Empleo, María Antonia García, e Ignacio Vázquez, técnico de Urbanismo en el Ayuntamiento, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento público en la adjudicación «a dedo», sin publicidad, del suministro de piedra caliza para pavimentar el puerto de Llanes.

Los hechos se remontan al pasado uno de febrero, cuando el concejal del PP Juan Carlos Armas solicitó examinar el expediente de dichas obras de pavimentación. «Con muchas dificultades conseguimos acceder a una parte del mismo», relató el presidente de los populares llaniscos, Fidel Sánchez, observando que en el documento «no existía contrato alguno de adquisición de material».

El PP considera que la piedra caliza «le fue suministrada al Consistorio -por el hermano de la alcaldesa- en la más absoluta clandestinidad». Según explicó el abogado Roberto Roces, tras el interés en examinar el expediente, «los servicios del Ayuntamiento empezaron a trabajar para dar apariencia legal» a la contratación del suministro de caliza para las obras. Así, «el interventor ordenó incoar un expediente para contratar la piedra cuando ésta ya había sido adquirida y colocada».

Por su parte, el técnico de Urbanismo Ignacio Vázquez manifestó en su informe «que la caliza utilizada para la pavimentación únicamente la suministra en la comarca una cantera», y siguiendo con la exposición de los hechos, la concejala de Empleo dictó una resolución con fecha 20 de febrero por la que aprobó adjudicar el suministro a la empresa de Ricardo Álvarez, «por un procedimiento negociado sin publicidad», para pavimentar la margen derecha del puerto.

Intermediarios

Para el PP, esta contratación directa sólo tendría amparo bajo el artículo 182.C de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, siempre que «ninguna otra empresa dispusiera de ese tipo de piedra». En cambio, consideran que el informe del técnico de urbanismo «falta a la verdad» y que el equipo de gobierno violó «los derechos de capacidad, mérito e igualdad de otras empresas que sí pueden suministrar ese material y, casi con seguridad, a menor precio».

«En Llanes -afirmó Sánchez- no hay canteras de caliza gris. El 90% se compra en Val de San Vicente o en León. Creemos que el hermano de la alcaldesa compra la piedra fuera, la prepara y la revende al Ayuntamiento», una labor que, según el PP, puede hacer cualquier cantera de la comarca, o directamente el Consistorio para evitar que un intermediario encarezca la operación. Los populares aseguran que el presupuesto para comprar la piedra del empedrado de la rula era de «201.000 euros», pero «cuando el Ayuntamiento intentó dar apariencia de legalidad al procedimiento lo hizo por un importe máximo de 57.000 euros, fraccionando la cantidad total».

Los populares confían en que su querella sea admitida a trámite y, entre otras cosas, han solicitado al juzgado que se tome declaración a los cuatro querellados y reclame al Ayuntamiento otros expedientes de contratación de suministro adjudicados a la misma empresa. En relación con esto último, el abogado Roberto Roces señaló que «podríamos estar ante delitos continuados y conexos, lo que es un agravante, y posiblemente nos encontraríamos con un delito de malversación de caudales públicos».

Fidel Sánchez aseveró que «los recursos públicos hay que gestionarlos con honradez» y sentenció que, si el PP gobierna en el concejo en el mes de mayo, «Llanes nunca será la cueva de Alí Babá».