«Que lo pague Zapatero, Camps, Soria y todos los responsables»

La a aprobación del real decreto ley aprobado por el Gobierno en el que se establece la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor ha provocado la reacción de varias formaciones políticas, sobre todo tras conocerse que el monto de 1.350 millones de euros de compensación a la empresa promotora Escal UGS por el trabajo lo pagarán los ciudadanos.

"Deberían pagarlo Zapatero, Camps, Soria y todos los que son responsables de esta situación", ha asegurado la eurodiputada de IU Marina Albiol en un comunicado, donde añade que "no los deberían pagar los ciudadanos en la factura del gas", sino aquellas personas que permitieron que se construyera el almacén "para beneficiar a Florentino Pérez sin los estudios geológicos y medioambientales que tocaba hacer".

A pesar de los datos del Ministerio de Industria, que asegura que gracias a la hibernación el complejo tendrá un coste anual a partir de 2017 sobre el sistema gasista 110 millones de euros inferior al coste que tendría el complejo de estar en operación, varias formaciones han rechazado la medida.

Así, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha afirmado que lo que ha hecho hoy el Gobierno de Mariano Rajoy es "un ejemplo de manual de cleptocracia organizada e institucional que no puede quedar impune". Baldoví ha señalado en un comunicado que esa compensación es "un insulto a la ciudadanía, que comprueba una vez más que el gobierno del PP está para velar por los intereses de las grandes empresas y no de las personas".

El diputado ha afirmado que "nada le ha importado al Gobierno" los terremotos ni "el pánico vivido en la zona", ya que "no se han depurado responsabilidades en un proyecto que nace mal y viciado y ahora, encima, lo tienen que pagar los consumidores".

Un proyecto "de riesgo"

Por su parte, Facua-Consumidores en Acción se pregunta si la actuación del Gobierno anterior en el almacenamiento subterráneo de Castor "fue mala por ineptitud o por desprecio a los ciudadanos" a la hora de impulsar un proyecto con altos "factores de riesgo". "Partimos de que se produjo una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno anterior", ya que el contrato de Castor "acaba trasladando el riesgo a los ciudadanos", que asumen "una deuda ilegítima", ha afirmado el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez.

"A partir de esa irresponsabilidad del Gobierno socialista en el modelo de contrato, con elevados riesgos para el ciudadano, la empresa estaba muy tranquila ante un negocio garantizado", aseguró Sánchez. A su juicio, "los 1.350 millones de euros" de la compensación a los promotores del proyecto "ponen de manifiesto una forma irresponsable de gobernar que solo trae prejuicios especialmente graves al conjunto de los ciudadanos en la coyuntura actual de crisis económica".