El rector defiende una financiación por objetivos «para una universidad moderna»

El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, con los distinguidos con los premios extraordinarios. /
El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, con los distinguidos con los premios extraordinarios.

Está dispuesto a rebajar los seis millones por año que solicita si el Principado eleva la cuantía de forma gradual. «Lo necesitamos para retener talento», dice

ELENA RODRÍGUEZ

Dos años acaban de cumplirse desde que el Gobierno regional y la Universidad de Oviedo empezaron a hablar de la necesidad de dotar a la institución académica de un contrato programa, una financiación extra que permitiría a la Universidad lograr nuevos fondos en función de la consecución de una serie de objetivos previamente fijados, como son la mejora de la docencia y de la investigación. Pero ese acuerdo sigue sin llegar. Ayer la Universidad celebraba la festividad de su patrón, Santo Tomás de Aquino, y el rector aprovechó su encuentro con los medios y su intervención ante la comunidad universitaria para volver a reclamarlo.

Porque, como les dijo a los 36 galardonados con los Premios Extraordinarios de Doctorado, Licenciatura y Especiales de Derecho, «la formación académica nunca termina y hay una tendencia generalizada de las empresas a exigir algo más que una mera titulación». Por eso, ante este cambio de expectativas sociales, «la Universidad se ve obligada a buscar la excelencia en la docencia que imparte para competir en un mundo científico y tecnológico cada vez más avanzado, y a fortalecer la investigación para generar conocimiento científico con grupos de trabajo en los que confluyen conocimientos y experiencias de distintos campos».

Estos objetivos, junto con la mejora de la transferencia de conocimiento a las empresas, la empleabilidad y la actualización tecnológica son los principales fines que se marca la institución académica en un contrato programa que ya le presentó al Gobierno regional el pasado 21 de diciembre. «Lo conoce el Principado; la directora general de Universidades, Cristina Valdés, y los distintos partidos políticos. Todos aquellos agentes que tienen algo que decir», señaló el rector, ahora a la espera de que el Ejecutivo autonómico se manifieste sobre la propuesta, que fija porcentajes de mejora de hasta un 20% en cuatro años. El equipo rectoral está pendiente también de que el Principado haga una valoración económica.

«Perderíamos oportunidades»

Santiago García Granda sigue defendiendo la necesidad de contar con seis millones de euros anuales. El verano pasado ya dejó entrever que el Gobierno asturiano rebaja sus pretensiones hasta los dos millones de euros. Preguntado por EL COMERCIO por esta cuestión, señaló que, de ser así, «sería una buena cantidad como punto de partida» y no le importaría empezar por una cuantía «más modesta» siempre que el Principado pueda ir elevándola de forma gradual. «Lo que queremos es que se ponga en marcha y no tengamos que esperar ni seis meses ni un año», dijo.

Señaló que, de no llegar a un acuerdo, la Universidad no estaría en riesgo, «pero sí perdería oportunidades». La institución académica, dijo, «podrá seguir funcionando con sus presupuestos, pues no somos la peor financiada de España ni del mundo, pero con un contrato programa se aprovecharía mejor nuestro potencial; los recursos que tenemos y que producimos. Es algo fundamental para una universidad moderna». Además, señaló en su intervención, ayudaría a «mitigar los contratiempos» que está generando el retraso de las becas Severo Ochoa, orientadas a aquellos titulados que se inician en su actividad investigadora y preparan su tesis. Tras las protestas de los investigadores , García Granda afirmó que el cambio de metodología adoptado por la directora general de Universidades, Cristina Valdés, le parece bien.

Solo un 1,2% del PIB

Hasta ahora la gestión de estas ayudas recaía en la Fycit (Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología). En este caso, hay 227 candidatos para 55 becas y será una agencia externa acreditada por la Unión Europea (una agencia de Aragón) quien evalúe los currículos de los aspirantes, de sus tutores, así como el proyecto de tesis. ¿Cuál es la diferencia? «Antes -indicó- el procedimiento no se conocía públicamente. Ahora sí; sabemos la agencia que va, los criterios y que los candidatos puedan tener la posibilidad de ver sus evaluaciones». Desde su punto de vista, el hecho de que participe un panel de expertos y un comité «redunda en una mayor imparcialidad, objetividad, y ofrece mayores garantías a los participantes». Educación se compromete a tener resuelta la convocatoria en menos de dos meses y el rector confía en que se cumpla. Por eso, insistió en que el contrato programa, enfocado a «retener, captar y hacer regresar el talento», ayudaría a paliar estas «demoras excesivas».

Abrió el acto académico el fundador del Grupo Insud, conglomerado empresarial dedicado a las industrias farmacéutica, agroforestal, cultural y de naturaleza y diseño con sede en Buenos Aires. Hugo Sigman felicitó a la Universidad por sus 500 contratos de cooperación con las empresas, lo que le supone unos ingresos de 40 millones de euros, y pasó a detallar el estudio del Instituto de Estadística de la UNESCO de 2016. La inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) de España es de un 1,2% de su Producto Interior Bruto (PIB), unos 19.000 millones de dólares, cuando hace diez años era del 1,35% y en la parte alta está Corea del Sur, con un 4,3%. Nuestro país tiene 2.700 investigadores por millón de habitantes frente a los 8.200 de Israel y el 53% de las empresas privadas invierten en Ciencia y Tecnología. «El sistema fiscal de España es interesante, pues permite deducir 42 de 100 euros invertidos», dijo. «La gran empresa lo tiene más fácil, porque tiene más recursos para superar la burocracia administrativa». Precisamente el Principado prepara la estrategia de I+D+i con vistas a 2022. El último gasto ascendió a 158,6 millones, el 0,73% del PIB. Mueve 2.999 empleos y el coste de actividades innovadoras de las empresas alcanzó los 135,2 millones.