Exteriores argumenta ahora tráfico de menores para no registrar a los nacidos por gestación subrogada en Ucrania

Ante la situación, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado en que cambiaba la motivación de la decisión de su embajada: «La reciente modificación del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos no es la causa de ninguna paralización». Y prosigue: «El tratamiento de este tipo de expedientes requiere de un especial cuidado por parte de la Sección Consular de la Embajada de España en Kiev al haber sido informada en los últimos meses de posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores. La Embajada de España en Kiev debe adoptar todas las precauciones necesarias para proteger el interés superior de los menores».

No obstante, la respuesta del gobierno español para evitar el tráfico de menores, a partir de una práctica de reproducción asistida totalmente legal y controlada en Ucrania, anula precisamente la única prueba que constataba que los españoles no volvían a su país de origen con un bebé que no tuviera «material biogenético» de al menos uno de los progenitores (la ley ucraniana exige que tengan obligatoriamente del padre para considerarlo «gestación subrogada»). Además de decidir no practicar el análisis, el consulado tampoco da respuesta a la treintena de familias que aguardan por una cita, en la que se inscriba o deniegue la nacionalidad al menor. Y ralentiza cada vez más el servicio. Si a quien pedía la cita a mediados de julio se la daban para octubre, este miércoles la espera se alargaba hasta finales de noviembre, como confirman familias afectadas en Kiev.

En efecto, en Ucrania se realizó una operación policial por presunto tráfico de niños, en el que dos personas de nacionalidad italiana han sido arrestadas, relacionadas con un proceso realizado en la clínica Biotexcom hace algunos años. En la prensa local se aseguraba que la policía había incautado los archivos de los clientes de la clínica, muchos de ellos españoles. Sin embargo, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional tienen «constancia de ningún requerimiento» por tráfico de niños, con lo que ningún juzgado habría pedido las pruebas de ADN que sí se exigió a la pareja italiana, una vez que se constató que antes de recoger al bebé no habían viajado nunca a Ucrania para aportar su carga genética. El fiscal general de Ucrania, Yuriy Lutsenko, en su intervención de mediados de julio, se refirió a este único caso.

En el operativo internacional, la pareja italiana había declarado que el bebé había crecido en un vientre de alquiler, a partir del espermatozoide del padre. Sin embargo, requerida la prueba de ADN en Italia, el resultado les desmintió, según medios locales, y fueron procesados. Con la prueba que dejará de hacer el consulado español en Kiev se garantizaba, tanto a los padres como a las autoridades, que los hijos son de los padres intencionales.