Miembros de la Conferencia Episcopal en una reunión sobre las líneas de trabajo ante los abusos sexuales. EP

Los jesuitas y la Conferencia Episcopal apartan a un sacerdote asturiano acusado de abusos

Se trata del secretario de la Comisión de Pastoral Penitenciaria, ya suspendido tras la «verosimilitud» de unos hechos ocurridos en la primera década del siglo

J. A. G. / E. C.

Martes, 4 de noviembre 2025

La Compañía de Jesús ha apartado provisionalmente de su puesto a un sacerdote jesuita acusado de abusos sexuales a un menor que habrían ocurrido en Alicante y en Zaragoza en la primera década de este siglo, según ha informado la orden religiosa en un comunicado que dio a conocer ayer. El sacerdote tenía un cargo en la Conferencia Episcopal Española (CEE), del que también ha sido apartado. Ni la CEE ni la congregación han querido revelar el nombre del acusado ni ningún otro dato relevante sobre el puesto que ocupaba, solo que no es ningún obispo. Este periódico ha podido conocer que se trata del ya exdirector de la Comisión de Pastoral Penitenciaria, que ya ha sido suspendido de esta responsabilidad.

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Ayer, 'El Confidencial Digital' señalaba directamente al jesuita asturiano José Antonio García Quintana, quien fuera nombrado director de la Pastoral Penitenciaria en 2024 y que ayer aparecía relegado en la web de la Conferencia Episcopal, sustituido por José María Carod. García Quintana estuvo al frente de la capellanía del Centro Penitenciario de Asturias durante años y fue párroco de la Inmaculada en Gijón hasta 2011.

La Compañía de Jesús tuvo conocimiento en julio de 2025, a través de su canal interno de denuncias, de unos hechos presuntamente constitutivos de abusos a menores, que se situarían en la primera década de este siglo. Tras las primeras verificaciones internas, en septiembre de 2025, se pudo recabar «un testimonio verosímil», como precisa el comunicado.

Los jesuitas, entonces, pusieron la información a disposición de la Fiscalía, entre otras cosas, para que se determine si los posibles hechos están o no prescritos dadas las fechas en los que se habrían cometido, hace un mínimo de quince años. «Si no lo estuvieran, la Compañía de Jesús confía en el trabajo de la justicia para esclarecer la verdad, y colaborará en todo lo que se le requiera», traslada la orden.

En cualquier caso, en el ámbito del derecho canónico, los delitos de abusos no prescriben en los mismos términos que en la jurisdicción civil, «por lo que el procedimiento canónico podría continuar aunque la vía penal no tuviera recorrido», recuerdan.

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El denunciado ya no está al frente de l aComisión de Pastoral Penitenciaria. Esas funciones «continúan adelante con normalidad» ya que el sacerdote ha sido sustituido. Según el organigrama de la CEE, este departamento se encarga de atender las necesidades espirituales de los presos y ofrecerles vías de reinserción. Depende de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social, que a su vez pertenece a la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana.

Actualmente, cerca de un centenar de personas, entre sacerdotes, laicos y otros religiosos, trabajan para la CEE en Madrid. Las mismas fuentes han apuntado que no ven necesario revisar sus protocolos en lo referente a la selección de su personal «porque son consistentes».

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En todo caso, el jesuita acusado de pederastia ha sido apartado de su puesto y de todas sus responsabilidades en espera de que se clarifique la situación. Tras su suspensión, el sacerdote permanece en una comunidad de la Compañía de Jesús, sin relación ni actividad pastoral «y sujeto a medidas cautelares de limitación y supervisión».

Según detalla la orden religiosa en el comunicado, «sin perjuicio del derecho a la presunción de inocencia del jesuita acusado», la Compañía está poniendo todos los medios a su alcance para esclarecer los hechos, por lo que prosigue con la recogida de testimonios que pudieran «confirmar, aclarar o añadir información relevante sobre este u otros hipotéticos casos».

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Asimismo, manifiestan su total disposición a colaborar «en todo lo que sea necesario» con las autoridades judiciales y eclesiásticas. «Nuestro compromiso es escuchar, acoger y acompañar a quienes puedan haberse visto afectados», sostienen.

En este sentido señalan que el compromiso de todos los centros de la Compañía de Jesús en crear entornos seguros «es inequívoco». «Llevamos años trabajando, con medidas para la prevención, formación, sensibilización y detección de cualquier tipo de abuso o conducta inapropiada que pueda producirse en nuestras obras», apostillan. De hecho, en 2019 los jesuitas abrieron al público una dirección electrónica (proteccion@jesuitas.es) para recibir información referida a abusos del presente y el pasado. Y en 2021 publicaron un informe sobre los abusos cometidos por sus religiosos en España.

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Por su parte, en un breve mensaje, la Conferencia Episcopal se ha unido «al sentimiento de dolor expresado por la Compañía de Jesús y al esfuerzo porque estas situaciones no tengan lugar en la vida de la Iglesia».

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