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En libertad el magistrado del Constitucional detenido por presunta violencia de género

En libertad el magistrado del Constitucional detenido por presunta violencia de género

Fernando Valdés Dal-Ré fue puesto a disposición judicial la pasada noche en la localidad madrileña de Majadahonda

AGENCIAS

Martes, 11 de agosto 2020, 14:56

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El magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés Dal-Ré, que fue detenido anoche por presunto delito de violencia de género, ha sido puesto en libertad tras declarar ante el juez, han informado a Efe fuentes de la investigación.

Valdés, de 75 años, fue arrestado anoche en su domicilio de la localidad madrileña de Majadahonda y, según apuntan las fuentes, en ningún momento se identificó ante los agentes que lo detuvieron como magistrado del tribunal de garantías.

Catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, llegó al Constitucional en 2012 a propuesta del PSOE y ya ha concluido su mandato, por lo que su puesto está pendiente de renovación.

Experto en Derecho

El juez Fernando Valdés Dal-Ré (Valladolid, 1945) fue propuesto por el PSOE al Tribunal Constitucional, cargo al que accedió en2012 y que debía haber sido renovado hace un año. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e inspector de Trabajo en situación de excedencia de la promoción de 1968.

Ha sido catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de las Universidades de Salamanca, Valladolid y Complutense de Madrid. Durante su trayectoria académica ha sido también profesor asociado de las Universidades de París X (Nanterrre) y Lyon 2 (Lumière).

Fue director general del Servicio Jurídico del Estado (1986-1990), consejero de Estado durante ese mismo periodo y vicepresidente del Instituto Europeo de Juristas de Derecho Social (2004-2007). También presidió la Comisión que elaboró el anteproyecto de texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

Valdés es uno de los cuatro magistrados, además de ponente, encargados de analizar en profundidad los recursos presentados contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como 'Ley Mordaza', impulsada por el Partido Popular en 2015. Por otro lado, ha participado en la reciente sentencia dictada por el Constitucional, que exige a los jueces hacer una investigación «suficiente y eficaz» antes de acordar el archivo de denuncias por violencia de género.

Asimismo, ha sido uno de los magistrados que emitieron un voto particular contra la decisión del Pleno del Constitucional de avalar las prisiones preventivas de los ahora ya condenados por el 'procés.

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