«Las puertas de los juzgados deben abrirse a las víctimas del franquismo»

-Aseguran que España constituye una dolorosa excepción en el contexto europeo.

-Sí. El modelo de impunidad que mantiene el Estado español, que impide la investigación y enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista, es una anomalía porque, con mayores o menores dificultades, en todos los Estados europeos que sufrieron la lacra fascista, se articularon medidas para enjuiciarlos. Pero ya no solo es una anomalía en el contexto más próximo. También hay países que han dado pasos muy importantes en este sentido como Argentina y Chile.

-'Argentina, 1985' acaba de llevar al cine la titánica lucha del fiscal Strassera y su equipo por acusar, contra viento y marea, a los altos mandos de su sangrienta dictadura militar...

-Así es. Pero hay que recordar que, tras los primeros juicios a la cúpula militar argentina -que, como consecuencia de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, quedaron en nada-, fueron los tribunales españoles los que recogieron el guante para impulsar la investigación y enjuiciamiento de aquellos atroces crímenes a finales de los años 90. Aquello fue un impulso importante para dejar sin efecto aquellas leyes. Aquí, sin embargo, seguimos manteniendo la Ley de Amnistía como un elemento casi fundacional del actual Estado democrático y como un elemento de convivencia democrática cuando, realmente, no es así.

-¿Por qué no?

-La Ley de Amnistía no puede ser ningún elemento de convivencia desde el mismo momento en el que está estableciendo e institucionalizando un modelo de impunidad como el mantenido por parte del Estado español, que, además, está incumpliendo los tratados y convenios internacionales que él mismo ha suscrito y ratificado y que le obligan a investigar ese tipo de crímenes. -Han tachado la nueva Ley de Memoria Democrática de «cosmética» y «edulcorada».

-Es una ley que, indudablemente, integra una serie de avances incuestionables, pero presenta déficits muy importantes. Y, sobre todo, no hace justicia. Porque, entre otras cuestiones, no aborda de una manera seria y contundente cuál ha sido la respuesta de los tribunales y los juzgados españoles en relación a esta cuestión, que ha sido la inadmisión a trámite sistemática de todas las querellas criminales que se presentaban. No tiene en cuenta que hay que remover una serie de obstáculos de carácter jurídico para que las puertas de los juzgados y tribunales españoles se abran definitivamente a todas las personas que sufrieron graves violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Entre otras cosas, por ejemplo, no se toca la Ley de Amnistía.

-¿Con qué más obstáculos han lidiado todos estos años?

-Desde 2010, el Estado español se ha dedicado, fundamentalmente, a la obstaculización de la tramitación de esta causa judicial. No ha colaborado con las autoridades argentinas de ninguna forma. Es el caso del último oficio cursado por la jueza Servini, en septiembre de 2022. Pues bien: estamos casi en febrero de 2023 y todavía no consta que se haya facilitado la información requerida por la jueza. Esa ha sido la dinámica habitual por parte del Estado español, que se ha negado sistemáticamente a ejecutar las órdenes internacionales de detención contra los imputados, que ha denegado los expedientes de extradición cursados por las autoridades judiciales argentinas, que se ha negado a que se tomaran declaraciones testificales a las víctimas... y un largo etcétera. El modelo de impunidad es sostenido por los tres poderes del Estado y no hay voluntad política para revertirlo.

-Muchos de aquellos torturadores, como 'Billy el Niño', han muerto sin ser juzgados.

-Nosotros seguimos trabajando para que sean procesados todos los que continúan vivos, porque todavía vive un buen número de ellos. Y, por lo tanto, trabajamos con una línea muy clara. Queremos que se les procese. Y que se procese también a Martín Villa. Eso significa que, más o menos en el corto o medio plazo, se podría celebrar un juicio oral aquí.

-¿Qué les dice a quienes les acusan de reabrir viejas heridas?

-Que aquí no se trata de abrir ni de cerrar heridas. Se trata de dar cumplimiento a un sistema de derecho internacional al que el Estado está vinculado. Esto no es un asunto estrictamente emocional. Claro que tiene su impacto emocional en las víctimas y sus familiares, pero aquí se trata de cumplir con una normativa en materia de derechos humanos que el Estado español está obligado a cumplir. Y no lo está haciendo.