La prostitución en Asturias, entre en el modelo abolicionista y la liberalización

Una mujer ofrece servicios sexuales en el Campillín, en Oviedo. :: MARIO ROJAS/
Una mujer ofrece servicios sexuales en el Campillín, en Oviedo. :: MARIO ROJAS

PSOE, PP e IU plantean perseguir la compra de sexo mientras que Foro y Ciudadanos se inclinan por regularla. Podemos se lo piensa

AZAHARA VILLACORTA GIJÓN.

La prostitución acaba de entrar en el combate político. Los partidos van poniendo sus cartas sobre la mesa ante la proximidad de las elecciones y la intención del Gobierno central de regular la trata y la explotación con una nueva ley que proteja a las víctimas forzosas inspirándose en el modelo abolicionista sueco. Un país en el que, hace casi dos décadas, todos los partidos con representación en el Parlamento aprobaron penalizar la compra de servicios sexuales y al que siguieron otros como Canadá o Islandia, persiguiendo a los clientes y consiguiendo restringir el mercado de forma notable.

Desde aquel 1999, Suecia ha multado a más de 7.600 hombres, de los que unos pocos han terminado con penas de cárcel. Un bando al que se han sumado más recientemente Irlanda o Francia, que imponen sanciones de hasta 3.000 euros.

En el otro extremo de la balanza se sitúan los que la han legalizado y contemplan vender y comprar sexo como una actividad económica más. Un modelo elegido por Holanda, Dinamarca o Alemania con el objetivo de empoderar a las mujeres, reducir su estigmatición y mejorar sus condiciones laborales. Según un informe del Parlamento Europeo, lo que han logrado ha sido incrementar la actividad.

Entre tanto, en otros lugares como Italia o España -uno de los países del mundo con más hombres que pagan por sexo y donde se estima que hay entre 40.000 y 100.000 mujeres en clubes, pisos y calles-, la prostitución es alegal, aunque el PSOE apuesta por seguir los pasos suecos, sancionando su demanda y su compra, según recoge en su programa electoral.

Unas intenciones que fueron burladas el pasado 4 de agosto, cuando el BOE publicó la constitución del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS). «Un gol por la escuadra» en palabras de la ministra Magdalena Valerio, que reconoció que «desconocía por completo» que su ministerio había dado el visto bueno y que se saldó con la dimisión de la directora general de Trabajo.

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Con gol o sin él, en el PSOE tienen claro que es «una prioridad», explica la diputada en la Junta General del Principado Carmen Eva Pérez: «Este es uno de los temas que debe estar en el frontispicio de la agenda feminista. Defendemos el modelo abolicionista y que hay que poner el reproche social en el consumidor. Cualquier intento de regulación es falso porque, para regular, tiene que haber una igualdad de poder entre las dos partes y la realidad es que el 80% de las mujeres son víctimas de trata. Quienes lo quieren disfrazar de una supuesta libertad individual se equivocan porque partimos de unas relaciones absolutamente asimétricas».

Contundente, la portavoz de Igualdad de los socialistas asturianos en la Junta, defiende que «aquellos países que la han regulado no han conseguido ninguno de sus objetivos: ni las mujeres están más protegidas ni más insertadas socialmente. Y el caso más conocido es el de Alemania, donde se ha producido un aumento de la demanda y se han publicitado incluso tarifas planas: sexo, cerveza y salchicha por quince euros».

Carmen Eva Pérez piensa que hay que abordar el problema en un país, España, en el que «el porcentaje de puteros es elevado, en torno el 30%, mientras que en Asturias aún lo es más» y donde todos los informes apuntan a que «las prácticas son cada vez más depravadas», recuerda. Argumentos en los que tiene de su parte al PP, que también defiende el modelo sueco, porque, como explica el parlamentario Matías Rodríguez Feito, «en los países abolicionistas ha mejorado la situación». Ahora bien, advierte de que «han necesitado veinte años». «No vamos a ser hipócritas. Este es un tema que no se trata en los parlamentos. Es una cuestión tabú, pero desde el PP opinamos que la solución no es regularizarla», afirma Feito, quien insta, además, a «trabajar en medidas reales para ayudar a las mujeres, que, en muchos casos, están en este mundo en contra de su voluntad u obligadas porque no encuentran otro medio de subsistencia. Ahí es donde hay que poner el foco. En programas de empleo dirigidos a ellas».

En este debate de polos opuestos y posiciones enfrentadas, los extremos ideológicos llegan a tocarse, porque también Nidia Gómez, secretaria de igualdad de IU de Asturias, apuesta por la abolición de la prostitución, «una de las formas más crueles de explotación. Hablar de 'libre elección' es un engaño».

Y si Gómez entiende «que es prioritario acabar con las redes de trata de personas y perseguir a los proxenetas y a los puteros, que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de las mujeres para explotarlas y sacar beneficios», también lo es para el forista Pedro Leal. Eso sí: desde el campo de los que apuestan por regular una actividad que «está en un limbo», además de «fomentar las inspecciones y las medidas para que las mujeres no caigan en ella» y «limitar la publicidad institucional en los medios de comunicación que amparan la prostitución, porque es hipócrita decir que no la queremos, pero seguir anunciándonos en ellos».

Ciudadanos ha dejado claro que está a favor de la legalización. Como explica el parlamentario asturiano Armando Fernández Bartolomé, «regular la situación no solo sería un beneficio para las mujeres, sino para toda la sociedad, tal y como lo han hecho en Alemania: buscando su protección, garantizando sus derechos y que no puedan ser explotadas. Lo que no funciona es mirar para otro lado como el PSOE y el PP, que son conservadores y tienen posiciones moralistas. Es la política del avestruz».

Y si la formación naranja contempla incluso «la incorporación regulada al mundo laboral en régimen de autónomos de aquellos que la ejercieran profesionalmente», Podemos se desmarca de unos y otros y no fija posición argumentando que «es un debate abierto dentro del movimiento feminista» y exigiendo al Gobierno «un estudio que permita conocer en profundidad la situación». «Lo que nos llama poderosamente la atención», zanja la diputada nacional Sofía Castañón, «es que se genere este revuelo sobre un sindicato y que no haya habido ninguno porque tengamos registrada una patronal de proxenetismo desde hace años».

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