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L. M.
GIJÓN.
Jueves, 7 de mayo 2020, 02:39
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La Consejería de Salud prepara una resolución con «medidas extraordinarias» para gestionar los recursos humanos disponibles en esta nueva fase de la pandemia que, entre otras cuestiones, contempla la movilidad del personal del Servicio de Salud del Principado (Sespa) a otros centros de trabajo e incluso a otras áreas sanitarias. También la posibilidad de introducir cambios en las jornadas de trabajo y los descansos si así se considerara necesario como consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Tan solo las mujeres embarazadas o las víctimas de violencia de género quedarían exentas de estas medidas.
Lo que hace Salud con esta resolución es adaptar y desarrollar el contenido de varias órdenes ministeriales en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la crisis dictadas desde el pasado 15 de marzo. De hecho, algunas de las medidas que contempla ya se habían adoptado, como la de permitir la contratación de los médicos que debían iniciar este mes de mayo su formación como residentes o la de los profesionales jubilados de menos de 70 años que voluntariamente accedieran a reforzar a la plantilla del Sespa. Llegado el caso, también se permitiría la contratación de alumnos de Medicina o Enfermería de último año.
Lo que también contempla esta nueva resolución, que aún no ha sido dictada, es que, según el criterio de los gerentes de cada área sanitaria, se pueda alterar la duración de las jornadas de trabajo del personal e incluso suspender «transitoriamente» los periodos de descanso. En este último caso, el límite sería el de mantener al menos setenta horas de descanso semanales, con un promedio de diez horas entre cada jornada laboral. Por otro lado, el personal del Sespa podría ser adscrito de forma temporal a otras funciones o a unidades o servicios distintos de los que les corresponden, incluidos los dispositivos asistenciales instalados en la región para atender a pacientes del COVID-19 (como el Credine, de Barros, o el hospital de campaña del recinto ferial de Gijón) o los centros de servicios sociales de carácter residencial, como se ha visto en los casos de los geriátricos intervenidos por la Consejería de Salud: 99 hasta ayer, según los datos facilitados por el propio consejero en la Junta General.
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En todos esos casos, la movilidad sería forzosa. Así consta en el documento que prepara la consejería y que sostiene que al personal al que se destine a otros lugares de trabajo se le garantizarán «las condiciones económicas del puesto de origen o, en su caso, las del de destino, si fueran superiores por el tipo de servicio realizado».
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