La EMA obvia la recomendación de Alemania y valida la vacuna de AstraZeneca

Se desmarca así de la recomendación que lanzó el jueves el Comité de Vacunas del Robert Koch Institute, el principal órgano de salud de Alemania, que desaconseja inocularla en personas mayores de 65 años por no contar «con suficientes datos» que demuestran su eficacia en ese segmento de población.

La EMA no marca cota alguna. Sin embargo, sí refleja en su informe que la mayoría de los participantes en los estudios clínicos de este suero tenía entre 18 y 55 años por lo que «todavía no hay suficientes resultados en participantes mayores para proporcionar una cifra» sobre su potencial nivel de efectividad. Algunos estudios en curso incluirían ya una mayor proporción de participantes de edad avanzada.

Los resultados combinados de cuatro ensayos clínicos en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica mostraron que esta vacuna es, en todo caso, «segura y eficaz» para combatir al patógeno. En estas experiencias participaron alrededor de 24.000 personas que, sin conocer todo el procedimiento, recibieron aleatoriamente la fórmula o una inyección de control (un placebo u otra vacuna 'no covid'), en una distribución al 50%.

La agencia ha basado su cálculo de efectividad (que sitúa en el entorno del 60%)_priorizando los resultados obtenidos en dos de los estudios de Reino Unido y Brasil. Porque en los otros dos, hubo menos de seis casos de covid-19 en cada uno de ellos «lo que no fue suficiente para medir el efecto preventivo» de la inyección. La inmunidad se consigue con la administración de dos dosis estándar; la segunda, entre cuatro y doce semanas después de la primera.

«Con esta tercera opinión positiva, ampliamos aún más el arsenal de vacunas disponibles para los Estados miembros de la UE para combatir la pandemia y proteger a sus ciudadanos», subrayó Emer Cooke, directora ejecutivo de la EMA.

Esta terapia, aprobada en Reino Unido, Argentina, El Salvador, India o Brasil, presenta varias ventajas sobre las otras dos que ya se inoculan en la UE, las de Pfizer/BioNTech y Moderna. De un lado, su precio, que se movería en torno a los 3 euros. De otro, las menores complicaciones logísticas. Se puede almacenar, transportar y manipular en condiciones normales de refrigeración (entre los dos y los ochos grados centígrados) durante al menos seis meses. Su administración es factible sin mayores complicaciones en los hospitales y centros de salud.

Todo ello la convierte en una de las más codiciadas por los Estados. De ahí el enorme malestar generado en la UE desde que hace una semana la firma dijera que solo podría suministrar alrededor del 25% de las dosis comprometidas para los dos próximos meses. Se había pactado, según Bruselas, una primera entrega de 100 millones, del total de 400 adquiridas. La empresa estaría estudiando «soluciones» para reconducir la situación.

La autorización de la EMA se hizo pública apenas horas después de que la Comisión_Europea desvelase su contrato con la farmacéutica. El documento de 41 páginas se publicaba con extractos censurados en 24 de ellas. Tachones que ocultaban costes y calendario acordado para las entregas. Pero un descuido y la ayuda de un programa informático de uso común en el tratamiento de textos permitieron ver que el coste estimado de las dosis asciende a 870 millones de euros. Tras hacerlo público la revista alemana 'Der Spiegel', la Comisión retiró esa primera versión de la web y la sustituyó por otra 'bloqueada'.

Según ese dato global y teniendo en cuenta que ya se habían adelantado 336 millones de euros a la empresa, los Estados miembros les correspondería el pago de 534 millones a repartir en proporción a las dosis que deben recibir. El contrato deja claro que los suministros no están limitados a la producción de las factorías que AstraZeneca tiene en Países Bajos y Bélgica. También implican a las dos plantas de Reino Unido.

Y también que país no tendría prioridad pese a firmar dos meses antes que la UE su contrato con AstraZeneca. En la cláusula 13 del acuerdo se especifica que la empresa no tiene obligación ni acuerdo que «pueda impedir el cumplimiento de las obligaciones» contraídas.