«En las residencias hay gente a la que se ha dejado morir»

Un goteo incesante cuyo alcance real se reescribe con cada recuento de víctimas y que ha encendido todas las alarmas. También ha sembrado serias dudas sobre el papel que algunos establecimientos han jugado y sobre la hoja de ruta que se dictaba desde la Administración pública. La Fiscalía General del Estado se ha propuesto llegar al fondo de la cuestión y ha abierto en este marco 361 investigaciones para dirimir en qué casos cabe depurar responsabilidades, 190 por la vía civil y otras 171 por la penal. De prosperar éstas y las que se realizan a diario en los juzgados de toda España, las reclamaciones se podrían contar en unos meses por cientos.

«Tan grande era el miedo al colapso de los servicios sanitarios que se empezó a dejar fuera a gente que podía haber sobrevivido, pero a los que iba a costar más sacar adelante». Lo dice Cristóbal Fábrega, el único fiscal delegado de Civil y protección de personas con discapacidad en Jaén. Cree que ha llegado el momento de hacer una reflexión sobre el sistema de atención que estamos dando a nuestros mayores. «La edad no puede ser razón para restringir servicios y aquí hay gente a la que se ha dejado morir aplicando una sanidad de guerra. A ti te curo y a ti no».

A juicio de Fábrega, miembro de la Unión Progresista de Fiscales, el Covid ha desvelado en toda su crudeza problemas estructurales importantes que aquejan a las residencias de ancianos, «sobre todo en las privadas y concertadas, donde con el fin de abaratar el coste de la plaza se bajan los ratios de personal por debajo de lo admisible. No digamos ya si entran en la ecuación fondos buitre, que si no pueden aumentar sus ingresos, reducen los gastos».

Pero el fiscal va más allá. Habla también de «personal no cualificado» en un marco laboral precario. «La temporalidad que caracteriza a muchos de estos empleos repercute en su trato con los usuarios, que requieren cariño, relacionarse y a menudo, fíjese en los enfermos de alzhéimer, establecer referencias. Los ancianos son personas, no ladrillos». Fábrega, que ha de bregar asimismo con causas de familia y extranjería, sólo está investigando las residencias con más de diez fallecidos. Hasta el momento ha abierto un control general y dos expedientes de investigación civil que han sido cerrados al no detectarse responsabilidad penal alguna.

Tener a compañeros fallecidos en la habitación de al lado crea miedo, angustia, ansiedad, y esto ha pasado en muchos centros, en los que se han dado casos de hacinamiento. Una situación no siempre atribuible a los geriátricos, también a la falta de apoyo por parte de los servicios públicos. «Hay una corresponsabilidad clarísima de la Administración. No basta con transmitir instrucciones a las residencias, hay que dotarlas de medios para que puedan desempeñar su trabajo, desde personal y espacio hasta mascarillas y respiradores». Lo dice Santiago Díez, abogado vallisoletano, que sabe bien de lo que habla. Su bufete tiene abiertas 25 causas por irregularidades en residencias de Castilla y León, junto con Madrid y Cataluña la comunidad más auditada por el Ministerio Público.

Díez reparte culpas, desde el Ministerio de Sanidad «y su protocolo del 5 de marzo, una semana antes del estado de alarma, instando a que se confinara a quienes sufrían insuficiencia respiratoria aguda en sus habitaciones», hasta las consejerías de Sanidad y Familia de Castilla y León, y su decisión «de no movilizar ni derivar a los hospitales» a los abuelos que mostraran síntomas. «Una vez que impartes esta orden, si no medicalizas el centro no sirve de nada. El problema es que las residencias no están preparadas para curar a ancianos con graves problemas de salud, están para atender sus necesidades diarias. Y tú te propones convertirlas en hospitales de facto».

La situación, sostiene Díez, ha evidenciado una total falta de previsión. Las residencias no contaban con planes de contingencia, tampoco para sustituir a su propio personal enfermo. «Hay establecimientos de Valladolid, León o Salamanca donde se pedía a trabajadores con sintomatología leve que siguieran atendiendo, convirtiéndoles así en vectores de propagación». Por no hablar de aquellos residentes sin Covid que han muerto porque no les han controlado sus respectivas patologías, algunos con escaras tremendas por estar inmovilizados».

A su juicio, este panorama augura «una cascada de reclamaciones en el contencioso-administrativo». El problema de la vía penal, advierte, «es quién le pone el cascabel al gato. Hay tanto protocolo, tanta directriz, tanta administración que, salvo en casos de imprudencia grave, la responsabilidad individual se diluye».

Quien espera que no sea así es Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente, por cuyas manos han pasado más de 300 casos y remitido a la Fiscalía aquellos en los que, confía, se pueda demostrar que hubo omisión de socorro. Flores arremete contra la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o contra la consejera de Salud de Castilla-León, Verónica Casado, a quienes no duda en responsabilizar de las dimensiones de la tragedia por impedir traslados de mayores a los hospitales. También del varapalo que ha sufrido la sanidad pública, «ese modelo del yo te construyo un hospital y tú lo gestionas», desliza Fábregas. «El Gobierno -retoma Flores- no puede permitir esto. Las transferencias no son una patente de corso. Los abuelos no pueden quedar reducidos a un negocio».

«Han dejado a estas personas en sus habitaciones como si fueran trastos -acusa Flores-, hasta que el deterioro llegaba a extremos en los que no podías hacer nada por ellos. Desnutridos, deshidratados, psicológicamente tocados... si no morían de Covid, lo hacían de tristeza». También denuncia el recurso a la sedación «sin estar en situación terminal y sin conocimiento de las familias. Esto no puede quedar así, tiene que haber un castigo».

Las historias que Carmen lleva recogidas en los últimos tres meses superan con mucho lo vivido en los 23 años de la asociación. Como la de Almudena Ariza, que ha perdido a sus padres con un intervalo de apenas 60 horas después de que les pusieran en la misma habitación estando ya uno de los dos contagiado. Situaciones esperpénticas, como la de esa otra mujer que se coló vestida de enfermera en la residencia donde tenían a su madre para llevarla a su casa.

Todo esto mientras soldados de la UME equipados como extraterrestres descubrían a ancianos que yacían en sus habitaciones en el más absoluto abandono (el Ejército ha desinfectado unas 4.000 residencias en todo el país), como ya denunció en marzo la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la Fiscalía General del Estado.

Pero los enfermos de Covid no han sido las únicas víctimas de la pandemia en los geriátricos. En Bilbao, Begoña, nombre ficticio de una enfermera que no quiere dar su nombre, rompe una lanza por los internos que hasta esta semana no han podido recibir visitas. «Siguen sin tener permiso para salir a la calle, no importa que hayan dado o no positivo al virus -ninguno en su residencia lo ha hecho-. Hablamos de gente que tiene la cabeza bien, que ve las noticias y ve a otros mayores paseando por la calle. '¿Qué hace ese carcamal ahí y yo sin poder salir?', te repiten, frustrados».

Begoña sostiene que el confinamiento en sus habitaciones ha causado un deterioro serio a los jubilados a su cargo. «Es más fácil tenerlos encerrados que gastar en mascarillas y gel hidroalcohólico. Igual que con el catering, el caso es ahorrar». Han sido dos meses y medio entre cuatro paredes, sin ver a sus seres queridos, a veces sin bajar siquiera al comedor. «Eso son muchas horas en blanco. Les salen escaras, pierden musculatura por no salir a pasear, también memoria al no hablar con nadie...». Las familias protestan, pero sus quejas no prosperan al no saber tampoco a dónde dirigirlas.

«Esto es peor que una cárcel», «yo para vivir así prefiero morirme», escucha a diario. Begoña vuelve a casa destrozada. «Hay abuelitos que , cuando voy a hacerles las curas, se me agarran a la bata y dicen 'por favor, llévame contigo'. Se te cae el alma a los pies».