La vida con un ERTE

Vivir un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en las actuales circunstancias pesa, sobre todo, cuando no se acaba de cobrar la prestación por el colapso que está sufriendo la Administración ante la avalancha de solicitudes. Solo en Asturias, más de 11.500, cifra que se dispara si se cuentan los que se han presentado en Madrid, pero que afectan aquí. En muchos casos, el cinturón se ha apretado ya todo lo posible y las facturas siguen llegando religiosamente. Cada una es un agujero más en la economía doméstica de más de 40.000 asturianos. Los hay 'afortunados', con colchón en forma de ahorros. Otros hacen verdaderos encajes de bolillos para llegar a fin de mes, y ni con esas.

«Muchos compañeros lo están pasando muy mal», reconoce Carolina Gutiérrez, trabajadora de Primark, en ERTE como la casi totalidad de empleados del grupo textil. Y eso que su empresa complementa la prestación hasta el 100%. Pero, de momento, solo la parte de la compañía está llegando y aquellos que viven más al día, sobre todo los que tienen un contrato parcial, ven con enorme preocupación que no acaban de cobrar la paga del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Ella intenta ser positiva, aunque reconoce que no es fácil. «No llevo mal el encierro, pero vivo con la incertidumbre de qué va ocurrir mañana», asegura, convencida de que la forma de trabajar tendrá que cambiar. «No me imagino a la gente probándose ropa por higiene y seguridad», dice.

El comercio es uno de los sectores más afectados por el estado de alarma, igual que la hostelería, para la que el regreso se antoja aún más complicado. Así lo cree Javier Rionda, chef del hotel Abba, en Gijón, también en ERTE, como la mayoría de sus compañeros. Ninguno ha cobrado la prestación del Sepe. Junto a su mujer y a su hijo mata el tiempo en casa con distintas rutinas, entre las que ha incluido la grabación diaria de una receta que luego manda a sus contactos. La lista va creciendo. Son recetas sencillas que hace con una mano, mientras con la otra sujeta el móvil. «Lo que comemos hoy es el vídeo de mañana», explica.

También se entretiene con las redes sociales e intenta ayudar en lo que puede. Aunque no suela beber sidra en casa, ha encargado una caja que le sirven a domicilio y también ha contratado menús para cuando vuelva a abrir un restaurante. El futuro, sin embargo, lo pinta negro, tanto por la incertidumbre -«cada día nos dicen una cosa», señala- como por el propio negocio del hotel, que además de las habitaciones vive de banquetes, eventos y bodas. «Esto nos ha pillado fuera de juego».

Roberto Santiago, trabajador en ERTE de Daorje, la mayor auxiliar de Arcelor, también anima a «arrimar el hombro» y a consumir, a pesar de la caída de ingresos y que a su mujer le ha cogido la pandemia en el paro. Por eso no se plantea que su hija deje las clases de flamenco o de inglés, que ahora desarrolla de forma telemática.

A pesar de que en las subcontratas de la siderúrgica se tira con frecuencia de las regulaciones, a él nunca hasta ahora le había tocado. El salario cae mucho, pero intenta ver algo positivo en el confinamiento. «Nos pilló a todos psicóticos y a 200 por hora, esto ha servido para bajar de velocidad», explica, mientras defiende la utilidad del ERTE «si la patronal no lo usa para hacer caja», aunque teme que se pierda empleo.

Ese miedo invade a la pareja formada por David Villavirán y Raquel Fanjul, ahora llena de incertidumbres. Él, trabajador del servicio postventa de un concesionario de coches, está en ERTE desde la primera semana del estado de alarma. Espera que, cuando se levante el confinamiento, se recuperen las revisiones y reparaciones pendientes, pero su futuro no está claro. El 1 de julio terminaba su contrato después de dos años y, el 8 de agosto, la pareja iba a casarse. La boda sigue programada, pero todo está en el aire. Lo que sí dan por perdida es la luna de miel.

Sin embargo, sus desventuras van más allá. Porque ella se quedó sin trabajo en enero y justo la habían llamado para reincorporarse, pero el estado de alarma ha frustrado el contrato, así que el paro sigue corriendo. «Ahora no sé si cuando me incorpore tendré la renovación o iré al paro, si mi pareja encontrará trabajo, si hay boda o qué solución me dará la agencia de viajes», se lamenta Villavirán, al que le duele sobre todo la mala suerte de su novia.

En el caso de Marta Gámez y su marido, Ángel Senén Vallín, el coronavirus les ha dejado a los dos regulados. Ella es fija discontinua de una empresa encargada de limpiar un colegio y él conductor de autobús, principalmente, de transporte escolar. Su duda ya no es cuándo terminará el estado de alarma, sino en qué momento cobrarán o si los niños volverán a las aulas antes de septiembre. «Me han pedido una autorización para meter los datos en el Sepe, pero seguimos sin cobrar», señala Marta, a la que ahora le cuesta mucho dormir. «Intentas llevar una rutina, pero se pone cuesta arriba», reconoce, sin saber si en junio la liquidarán como de costumbre o seguirá en ERTE.

«Realmente esta incertidumbre la tiene tanto el empresario como el trabajador», interrumpe Ángel, que ve a los responsables de las compañías tan perdidos como a los empleados. Ni él ni su empresa tienen respuesta sobre el ERTE. De momento, él se responsabiliza de hacer la compra porque ella no ha salido a la calle desde el día 15 y piensa seguir sin hacerlo. «Nunca se habían visto tantos hombres en el súper», asegura.

El millar de personas, casi todas mujeres, que asisten a los niños en el transporte escolar o en los comedores también se han quedado sin trabajo. Ana María González es una de ellas. Se lamenta de que la pandemia haya agravado aún más la situación de un sector ya de por sí tremendamente precarizado. «En septiembre, cuando hubo todo el problema con las rutas, nos pusimos a trabajar porque era una emergencia sin saber en qué condiciones y ahora la consejería nos deja tiradas», denuncia, y se queja de que a muchas empresas la «situación se les ha ido de las manos» y ni siquiera han pedido la autorización para facilitar los datos al Sepe, imprescindible para cobrar. «Se deberían de incluir en los pliegos cláusulas sociales porque no hay ni subrogación», pide combativa.

Rosa Sánchez es una colega de Gijón. «Del ERTE no sabemos nada y del comedor nos han pagado todavía esta semana lo que nos corresponde por trabajar hasta el 13 de marzo», critica, después de que la empresa les pidiera ir al colegio, incluso, cuando ya se habían suspendido las clases. Al menos, su marido, funcionario, sigue cobrando, pero sus compañeras del colegio -Mónica Sánchez, Laura Vena y Aitana García- no tienen la misma suerte. «En la única casa que aún entra un sueldo entero es en la mía», relata. Dos de ellas tienen a su pareja en ERTE y la otra vive sola. «Nos desahogamos en un grupo de WhatsApp», reconoce, porque algunas empresas del sector no han recurrido a la regulación, a la espera de una indemnización de la Administración por cancelar un contrato público. «Hemos tenido mala suerte».