Migoya responsabiliza al PP e IU de los problemas que genere la integración del hospital

«Nuestro compromiso era establecer la gestión directa por parte del Sespa y se ha cumplido con su participación en el Patronato», señala

EVA SANROMÁNARRIONDAS.
Un ATS atiende a un enfermo en el hospital de Arriondas. ::
                             N. ACEBAL/
Un ATS atiende a un enfermo en el hospital de Arriondas. :: N. ACEBAL

Lo que ocurra a partir de ahora con la Ley que se aprobará en breve en la Junta General del Principado para integrar definitivamente al Hospital de Arriondas en la red pública «es algo de lo que tendrán que responder aquellos que la han impulsado y apoyado». Así lo considera la consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, después de que el Patronato anunciara que iba a defender la continuidad de la fundación pública que gestiona el centro ante la amenaza de su disolución como consecuencia de la citada ley. El compromiso del Gobierno socialista, recordó Migoya, era «establecer la gestión directa por parte del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa)». Algo que hace apenas unos días se materializaba con la incorporación del Sespa en el Patronato de la fundación.

Ahora, dice Migoya, si la iniciativa parlamentaria presentada por el PP y avalada por IU corre peligro de no salir adelante por ser incompatible con el Patronato, «depende de las fuerzas políticas que lo impulsan». El Ejecutivo regional se lava las manos porque, dice, «nosotros respondemos de las decisiones que nosotros tomamos» y, en su opinión, que el Sespa forme parte del Patronato es la manera «más satisfactoria para los ciudadanos porque van a recibir una asistencia igual que en cualquier otro hospital comarcal, con las mismas dotaciones, los mismos medios, con un contrato programa igual y gestionado por el mismo ente».

Lo de los trabajadores es harina de otro costal y el equipo socialista continúa aferrado a la idea de que con la integración del hospital sus puestos de trabajo pueden correr peligro. Para quien no lo crea así, apunta como ejemplo el hospital de Verín: «Se integraron (los trabajadores) y una plataforma de empleados públicos ha recurrido y está admitido a trámite. No queremos que eso ocurra aquí». Por eso, continúa, «siempre hemos sostenido que cualquier iniciativa que quiera convertir esos trabajadores en públicos va a generar riesgo e incertidumbre para la conservación de sus puestos de trabajo».

Pese a ello, en la Junta General del Principado siguen trabajando en la redacción de la Ley de integración. Ayer mismo se reunían los portavoces en materia de Sanidad de los tres partidos políticos con representación en el Parlamento asturiano para continuar perfilando la Ley que, además de la propuesta del PP, debe incorporar las enmiendas presentadas por IU y el informe técnico jurídico emitido por el letrado de la Junta. «Estamos haciendo las últimas modificaciones para reforzar aún más la singularidad de esta Ley», explicó el conservador Carlos Galcerán, quien confía en que la próxima semana pueda disponerse del documento definitivo para su aprobación por parte de la comisión de sanidad. Diana Camafeita, de IU, comentó también que en la reunión se expresó «la necesidad de que la tramitación de esta Ley se haga de la forma más rápida posible».

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