PP e IU continúan con la integración del hospital pese a las advertencias de los juristas

El PSOE asegura que «se han pasado por el forro todos los informes legislativos» y les responsabiliza de sus consecuencias

Varios trabajadores del hospital de Arriondas, en el servicio de Urgencias, en una foto de archivo. ::
                             NEL ACEBAL/
Varios trabajadores del hospital de Arriondas, en el servicio de Urgencias, en una foto de archivo. :: NEL ACEBAL

El PP e IU han hecho caso omiso a las advertencias del letrado de la Junta General del Principado de Asturias Ignacio Arias Díaz y han continuado con la tramitación para la integración del hospital Grande Covián y de su plantilla de trabajadores en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), una reivindicación casi histórica por parte de usuarios y empleados de este equipamiento médico.

Los motivos que esgrimen están muy claros. Quieren que los vecinos del Área Sanitaria VI tengan un hospital «como los demás» y que «dejen de tener unos servicios sanitarios de segunda», resumía ayer Carlos Galcerán, diputado del PP. Fue precisamente el Partido Popular quien presentó hace ya dos años una proposición de Ley para la integración de este centro en la red pública que, con el apoyo de IU, ha ido superando diferentes trámites administrativos pese al firme rechazo del PSOE. Ayer, la Comisión de Salud y Servicios Sanitarios de la Junta General del Principado daba el visto bueno a la proposición de Ley gracias a la mayoría parlamentaria que forman PP e IU y quedaba lista para su debate en el Pleno de la Junta, previsiblemente el próximo 12 de marzo.

Como cabía esperar, el grupo socialista votó en contra de la propuesta que en ocasiones ha llegado a calificar de «anticonstitucional» y su portavoz en la ponencia, la diputada Pilar Alonso, volvía a insistir una vez más en que la tramitación de esta Ley «tiene vicios en el procedimiento» que la hacen «enormemente vulnerable». Por citar alguno de ellos, comentó que el objeto de la iniciativa parlamentaria ha quedado sin efecto «porque la integración ya se ha producido y así lo ha repetido varias veces el letrado en el curso de la ponencia», se ha omitido la prerrogativa que el reglamento de la Junta General concede al Gobierno regional para vetar una ley si ésta afecta a los presupuestos en vigor y la iniciativa propone que el Ejecutivo debe disolver la Fundación «cuando no es posible al estar regulada por una legislación específica como la Ley de Fundaciones».

Una serie de «irregularidades» que han generado informes negativos por parte de los juristas de la Cámara e incluso han motivado que el letrado de la Ponencia se desvinculara de la Ley y se exima «de cualquier responsabilidad tanto en lo que se refiere al contenido del texto como a sus efectos jurídicos», tal y como reza en el acta de la Ponencia. «Se han pasado por el forro todos los informes legislativos que han hecho los letrados haciendo caso omiso a las advertencias del letrado de la Ponencia en las que dice que no se hace cargo de las consecuencias», señalaba ayer la diputada socialista.

Un hecho que no tiene mayor importancia para el PP ya que la postura del jurista «no es vinculante» y, explica Carlos Galcerán, su grupo tiene «informes jurídicos propios» que entienden que el texto es totalmente «legal y por lo tanto perfectamente válido». En su opinión, las declaraciones del PSOE son simplemente «un pataleo muy humano, pero poco eficaz», porque van en contra de lo que han solicitado los vecinos del Oriente «desde hace muchos años e incluso el PSOE cuando estaba en la oposición», espetó Galcerán, al tiempo que recrimina al grupo socialista que «durante todo el tiempo que ha estado gobernando no haya hecho nada y ahora, que ven que los demás están a punto de sacar una Ley adelante, hacen pequeños cambios para confundir a la opinión pública y tratar de bloquear la proposición de Ley en la Junta del Principado».

La diputada de IU Diana Camafeita también celebró el paso dado y manifestó su deseo de que «a pesar de lo tortuoso de la tramitación, con tantas chinitas en el camino, el procedimiento se culmine con éxito y se corrija una gestión anómala», dijo.

El PSOE no está en absoluto de acuerdo con estas afirmaciones. La diputada socialista entiende que su partido viene «luchando por dar seguridad al proceso para garantizar la estabilidad de los trabajadores» y defiende la propuesta planteada por la Consejería de Salud que implicaría mantener la fundación y que sólo los empleos nuevos sean contratados directamente por el Sespa. «Lo que se está haciendo es una chapuza jurídica y los grupos políticos que han liderado esta iniciativa serán los responsables de las consecuencias que tenga para los trabajadores», sostiene Alonso.

Ante estas advertencias, el PP entiende que el PSOE está jugando a la «política del miedo» para que sean los propios trabajadores quienes bloqueen la propuesta. Lejos de conseguirlo, la iniciativa parlamentaria para la integración del hospital del Arriondas está muy cerca de convertirse en una realidad, aunque si es cierto que algunos sectores sociales, concretamente el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (SAE), han manifestado en declaraciones a EL COMERCIO su temor por el futuro laboral de la plantilla del centro.

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