Diagnóstico de inconstitucionalidad

La publicación en el BOPA del acuerdo de la Junta General hará que empiecen a correr los plazos para su aplicación y para su posible recurso Los socialistas asturianos creen que la ley de integración acabará sin remedio en los tribunales

MIGUEL ROJOARRIONDAS.
La pantalla con el resultado de la votación, en la que IU votó junto al PP y contra sus socios de gobierno del PSOE. ::
                             JESUS DÍAZ/
La pantalla con el resultado de la votación, en la que IU votó junto al PP y contra sus socios de gobierno del PSOE. :: JESUS DÍAZ

La Ley de integración del hospital de Arriondas en el Sespa ya ha sido aprobada, pero lo que no está tan claro es que vaya a ser aplicada. Más que nada porque los que deben aplicarla están convencidos -así lo han dicho por activa y por pasiva durante la tramitación- que ésta acabará de una forma u otra en los tribunales. Si los trámites administrativos corren como es habitual, en pocos días se publicará en el BOPA la resolución de la Junta de Gobierno mediante la que se aprueba dicha ley, momento en el que se abrirán los plazos para su aplicación, pero también para presentar un posible recurso ante el Tribunal Consitucional.

Lo que no está tan claro es cómo llegara ese recurso a la mesa de los jueces, puesto que el Gobierno regional no parece dispuesto a impulsar directamente un movimiento de esta índole y el propio delegado del Gobierno en Asturias, Antonio Trevín, dejaba precisamente en manos de los socialistas asturianos o del Gobierno regional la patata caliente de iniciar el procedimiento. Algo que parece complicado, ya que aunque el Consejo de Gobierno está facultado para acudir al Consitucional, lo está en caso de que se trate de una Ley del Estado que consideren perjudicial para los intereses de la Comunidad Autónoma, no en el caso de una ley promulgada -aunque parezca mentira- por el propio Parlamento asturiano. Porque hay que recordar que, en este caso, la Ley salió adelante con los votos favorables de IU -que forma gobierno con los socialistas- y el PP, en la oposición. El PSOE siempre ha defendido otra fórmula para el hospital de Arriondas, y ha tratado de frenar por todos los medios la iniciativa parlamentaria, sin éxito.

Así, una vez se publique en el BOPA la Ley, y según recoge el texto de la misma, la Fundación y el Gobierno regional tendrán seis meses de plazo para iniciar su aplicación, y realizar todas las iniciativas necesarias para que ésta se haga efectiva. Entre otras, la extinción de la propia Fundación, algo que los socialistas creen que no se puede realizar así como así. De hecho, en las últimas reuniones del patronato, los patronos recordaron que su obligación era la de defender por todos los medios la continuidad de la misma.

Pero es que además también comenzarán a correr los plazos para presentar un posible recurso de inconstitucionalidad. Hay tres meses para ello, y desde el aparato socialista asturiano confían en que el Estado actúe de oficio, ya que consideran que la ley está cargada de vicios, irregularidades y contradicciones, y que permitir su aplicación supondría un error que, además, sentaría un precedente muy peligroso. Desde el PSOE siempre han recordado que por primera vez en la historia de la Cámara se le negó al Gobierno la prerrogativa de poder rechazar una Ley si ésta afectaba a los presupuestos en vigor; que las enmiendas introducidas cambiaban el sentido de la ley y, por lo tanto, la tramitación debería haberse iniciado de nuevo, y que los servicios jurídicos de la Cámara se han desvinculado del contenido del texto y de las posibles consecuencias que se puedan derivar. PP e IU, sin embargo, consideran que la Ley es totalmente constitucional y que no tienen por qué surgir problemas.

Ahora, puede ser el propio presidente del Gobierno de España el que solicite al Constitucional que se pronuncie. También podría presentarse un recurso de inconstitucionalidad bajo petición de 50 diputados o 50 senadores, o partir del Defensor del Pueblo. La opción más factible sería la del propio Gobierno, y para ello cuenta con una Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos de las Comunidades Autónomas. Un órgano que forma parte de la Dirección General de Desarrollo Autonómico, inmersa en el Ministerio de Política Territorial que dirige Chaves y que podría actuar de oficio. No parece complicado que, una vez se inicien los trámites, esta comisión esté bien informada sobre el caso y pasen a estudiar la posibilidad de plantear un recurso que, de presentarse, supondría la suspensión automática de la aplicación de la Ley. Sólo el propio Constitucional podría decidir, antes de cinco meses, si se levanta o no esa suspensión. También un juez, en base a la denuncia de un sólo particular -y hay cientos que han declarado su intención de recurrir la Ley- podría elevar como impugnación indirecta una cuestión de inconstitucionalidad al tribunal. Y cabe destacar que, según el procedimiento habitual, el encargado de defender la Ley ante un posible recurso sería el Letrado Mayor de la Cámara. Que por cierto, se ha desvinculado de la misma.

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