Génova exculpa a Fernández Pardo de tirar papeles de Cascos a la basura

El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular exculpa a la presidenta del PP gijonés, Pilar Fernández Pardo, de la denuncia presentada el pasado mes de octubre por Francisco Álvarez-Cascos, a raíz de la aparición de un archivador con cartas y documentación del ex ministro -referentes a su etapa como presidente del PP local- en un contenedor de basura, junto a la sede popular en Gijón. El instructor asegura que no ha sido posible comprobar la autoría del abandono del citado archivador en la vía pública, ni tampoco la razón del mismo. Asimismo, respecto a la denuncia de Cascos, que acusaba a la actual dirección local de eliminar una parte del archivo histórico de la organización, el dictamen absuelve a Fernández Pardo al afirmar que el PP gijonés conserva un elevado volumen de documentación correspondiente a etapas anteriores. Si bien reconoce que puede faltar una parte de la documentación, cree que ésta es suficientemente abundante «como para que no quepa hablar de destrucción o pérdida total del archivo».

Francisco Álvarez-Cascos opinaba lo contrario cuando puso los hechos en conocimiento del Comité de Derechos y Garantías, después de haber formulado la denuncia correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos. Sostenía que Pardo había cometido una infracción grave, por haber hecho dejación de funciones e, incluso, reclamó una auditoría en la sede del partido. Hecho este examen, la dirección nacional exime a la diputada y presidenta del PP gijonés de cualquiera de las acusaciones vertidas por Álvarez-Cascos.

El vocal del Comité de Derechos Ángel Fernández Díaz, que ha ejercido como instructor de la denuncia, tomó en consideración tanto la documentación aportada por las partes como los testimonios del propio Cascos y Fernández Pardo, así como los de Mercedes Fernández, Isidro Martínez Oblanca y José Ignacio Riestra, ex secretario general del PP de Gijón.

El instructor asegura que la sede del partido está «bien organizada» y no existen «rastros de humedad» en la documentación custodiada que, aunque antigua -afirma- «se mantiene en buen estado de conservación». Tal y como había esgrimido Pardo en su defensa, reconoce que no ha habido obras en el local y confirma que la actual dirección tiene contratado un servicio de recogida y destrucción de documentos que se encarga de retirar mensualmente el contenido de los contenedores habilitados en las citadas dependencias.

En el dictamen, además, se deja constancia de la «sensibilidad y afecto muy especial» hacia aquellas personas que forman parte de la historia de la organización.

En las conclusiones extraídas por el organismo encargado de la investigación se insinúa que ha podido existir «contradicción» en cuanto a la fecha y al modo en que se produjo el hallazgo, «que tuvo lugar los días anteriores al 18 de marzo de 2009, por José Miguel Bernardo». A pesar de que Isidro Martínez Oblanca, anterior presidente de la junta local, haya dado por supuesto que el citado archivador formaba parte de la documentación existente en la sede, el instructor señala que no se puede «acreditar de manera indubitada» dicho extremo, tras escuchar los testimonios de Pardo y de Ignacio Riestra.

Incide, al mismo tiempo, en que si la actual dirección del PP gijonés hubiera querido desprenderse de la documentación «podía haberlo hecho sin abandonarla en la acera». Por tanto, advierte de que «no ha sido posible comprobar la autoría del abandono del archivador» en la calle, ni tampoco la razón del mismo.

En relación al archivo histórico que, según la denuncia de Cascos, había sufrido importante deterioro, el instructor deja entrever que tenía un «volumen superior al actualmente existente». Sin embargo, no entiende que sea motivo para responsabilizar a Pardo, y más cuando afirma que la actual dirección «conserva adecuadamente la documentación esencial» y guarda un elevado volumen de documentación correspondiente a etapas anteriores, «lo suficientemente abundante para que no quepa hablar de destrucción». No obstante, hace una recomendación a la dirección del PP gijonés. «Parece oportuno que, en el caso de que fuera preciso por razones de falta de espacio, se contraten servicios externos de archivo, se alquilen lugares para su custodia o se haga entrega a las personas que pudieran tener relación o interés en su conservación».

Con estos argumentos, el Comité de Derechos y Garantías no incoa expediente sancionador a la presidenta del PP gijonés y remite, cualquier decisión, al dictamen definitivo que adopte la Agencia Española de Protección de Datos.