El Contencioso retira la multa a Arcelor por el vertido de alquitrán de 2007

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias considera que las pruebas no son suficientes para justificar la sanción

FERNANDO DEL BUSTOAVILÉS.
Dos operarios retiran restos de alquitrán de la ría después del vertido de noviembre de 2007 y del que exculpan a ArcelorMittal. ::
                             MARIETA/
Dos operarios retiran restos de alquitrán de la ría después del vertido de noviembre de 2007 y del que exculpan a ArcelorMittal. :: MARIETA

El vertido de alquitrán a la ría que en noviembre de 2007 recordó las peores imágenes de la contaminación industrial ha quedado sin responsable. Y es que la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) considera que las pruebas aportadas por el Principado para sancionar a ArcelorMittal como autora del vertido no son suficientes para justificar la sanción de 300.000 euros impuesta en su momento a la empresa siderúrgica.

El 20 de noviembre de 2007 una intensa marea de alquitrán aparecía en diferentes puntos de la ría, provocando una investigación de oficio de técnicos del Principado de Asturias y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Dos días antes se había producido un fallo en el suministro eléctrico de baterías de cock en Avilés. Además, la investigación del Seprona localizó restos de alquitrán en el fondo de una parte del canal Parshall por el que se vierten las aguas de refrigeración de baterías.

Durante el trabajo también se inspeccionó a otras industrias del contorno y que podían haber producido el vertido, sin encontrar en ellas restos de alquitrán.

Basándose en estas pruebas, la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural abría un expediente sancionador contra ArcelorMittal al considerar a la empresa siderúrgica como responsable.

Finalmente, en abril de 2008 recaía en la multinacional del acero una multa de 300.000 euros contra la que ArcelorMittal presentó el recurso que ahora la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturiasresuelve de forma favorable a la compañía al «anularla» por su «disconformidad a derecho».

La sentencia del TSJA parte de la doctrina fijada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo sobre la correcta interpretación de los informes de los funcionarios públicos, toda vez que en su recurso ArcelorMittal consideraba que los hechos imputados «no eran ciertos».

Sin pruebas contundentes

Los argumentos jurídicos recuerdan que la presunción de veracidad que late en los informes «no puede entenderse de forma absoluta e indiscutible, lo que no sería admisible, pues puede y debe ceder frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas».

La constatación de hechos que figura en un expediente sancionador no debe «prevalecer frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas sobre una valoración o percepción razonada de todas las pruebas practicadas».

Recordado este principio, el trabajo del Tribunal se centra en repasar el informe del Seprona que vincula los restos de hidrocarburos encontrados en el arenal de la playa de San Baladrán y diferentes partes de la ría con las sustancias encontradas «en el fondo de una parte del canal Parshall» por el que se vierten las aguas de refrigeración de las baterías de cock.

A ello se une la ausencia de restos en otras empresas que los agentes del Seprona visitaron durante esos días. El informe policial también recoge el testimonio de ArcelorMittal, que señala que durante esos días no había tenido vertidos.

Frente a esta prueba, la sala de lo Contencioso Administrativo considera «importante» un informe pericial que ArcelorMittal encargó a un profesor de la Escuela Superior de Minas.

En ese documento se asegura que «no es posible concluir que un corte de energía eléctrica ocurrido el 18 de noviembre pudiera dar lugar a un vertido que apareciera con tanta rapidez, el día 20, en la desembocadura de la ría donde se encuentra la playa de San Balandrán». El perito también destaca que en el entorno de la ría existen otras empresas que pudieran realizar el vertido, además de las propias actividades portuarias.

El informe explica que «los componentes de las muestras tomadas en la playa de San Balandrán y en la factoría tienen proporciones distintas y, en ningún caso, el vertido puede trasladarse con tanta rapidez, ni con motivo del efecto de las mareas ni del viento, hasta la desembocadura», aspecto este último que defendió la administración en un escrito y que rechazó el mismo profesor. El perito asegura que «las instalaciones del canal Parshall estaban completamente limpias y no existían restos algunos de alquitrán».

Con estas pruebas sobre la mesa, la sala considera que «no puede extraerse la certeza de que la contaminación por vertido procede de la factoría». El Tribunal recuerda que «el pliego de cargos fija la razón de la imputación en la toma de muestras de la playa, en los restos encontrados en la factoría y en la ausencia de indicios de vertidos en algunas instalaciones. Ni siquiera se invoca el corte del suministro eléctrico u otra eventualidad. En definitiva, se especula con el motivo del vertido sin considerar la situación persistente de la ría o actividades distintas».

El TSJA considera que «es necesaria una mayor dosis de certeza y seguridad cuando se imputa una infracción y se impone una sanción como la aquí impugnada que supera, entre multa, indemnización y reparación, los 300.000 euros». Por todo eso «impera el criterio de presunción de inocencia» y se desvirtúa la prueba de cargo, anulando todo el proceso sancionador.

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