«Ni pongo ni quito multas porque en ninguno de los casos lo puedo hacer»

«La Fiscalía entiende que alteré el proceso sancionador con la intención de perjudicar a la Policía Local, pero mi intención fue, precisamente, toda la contraria». La concejal delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Carreño, Áurea Gutiérrez, explica, con estas palabras, su postura después de que la fiscal instructora del Área de Gijón, María Luisa García Vega, haya visto indicios de prevaricación en su conducta. El origen de esta investigación fue la denuncia interpuesta por la Policía Local, que advertía de irregularidades en la tramitación de las multas. Según entiende la fiscal, la edil socialista «alteró la tramitación, provocando la paralización y dilación de los expedientes, su extravío y prescripción en algunos casos».

-¿Qué opina de la consideración que hace la Fiscalía?

-Entiende que alteré el proceso sancionador con la intención de perjudicar a la Policía Local, cuando mi intención, precisamente, era toda la contraria. Y esto tiene una explicación: el desmesurado aumento del número de multas. Pasaron de ser 63 en junio de 2008 a 489 en el mismo mes de 2009. Este tipo de actuaciones perjudican a nuestros vecinos y me sentí en la obligación, como responsable público, de revisarlas para saber qué estaba pasando. Con el mismo número de personas y de plazas de estacionamiento, no parecía normal que aumentaran de esa forma las multas.

-¿Este incremento de las sanciones motivó el retraso en la notificación a los infractores?

-Existen cuestiones que tendré que explicar cuando se me requiera. Lo único que hice fue revisar las multas antes de que se tramitaran. En el resto del proceso sancionador no he intervenido. Desde junio a octubre de 2009, lo único que hice fue inspeccionar las multas antes de su tramitación. Ni quito ni pongo multas porque en ninguno de los casos lo puedo hacer y conozco bien mis competencias.

-¿Cuándo tiene noticias por primera vez de la investigación de la Fiscalía?

-Tengo noticia de estas denuncias a la Fiscalía en febrero de 2010, antes no tuve ninguna. Y no tengo dudas al respecto porque el malestar que había en el pueblo quedó reflejado en los medios. Los vecinos me requirieron constantemente para saber qué estaba pasando y creo que es mi obligación dar respuestas.

-¿Cree que la Policía Local busca desacreditarla con esta denuncia?

-Desconozco cuál es objetivo de la plantilla de policías. Pero, en cualquier caso, ese deterioro o no tendremos la oportunidad de conocerlo en poco tiempo, en las próximas elecciones.

-¿Cómo influye esta denuncia en las relaciones con la Policía Local?

-Las relaciones laborales siguen siendo exactamente las mismas. Casi todos los días del año despacho con el jefe del servicio y hasta hoy así sigue sucediendo. No hubo ni habrá cambios de ningún tipo porque es lo mismo que vengo haciendo desde hace años.

-Éste no es el primer enfrentamiento que mantienen los agentes con el Ayuntamiento.

-La razón de fondo es la reclasificación del nivel funcionarial. La ley otorga un plazo de cuatro años para realizar este cambio y la plantilla de la Policía quería fuese ya en 2009 y no fue así. Este Ayuntamiento no les negó esta cuestión, pero, a cambio, tendrían que hacer un servicio de 24 horas y la propuesta fue rechazada.

-¿Qué pasos va a seguir?

-No estoy imputada ni sancionada porque no puedo estarlo en el momento procesal actual. Sólo es una denuncia a un juzgado de instrucción al que le vamos a pedir que retire todos los cargos. Asimismo, me gustaría decir, con respecto a mi compañera Mariló Aramendi, que dejó la concejalía por razones laborales que son incompatibles con su cargo. Pero que no quepa la menor duda de que no recae ninguna sospecha sobre ella. Sólo le pusieron una multa como a muchísimos vecinos y fue abonada dentro de los plazos que marca la ley.