El Principado aplica un 5% de recorte al personal laboral y universitario

El Gobierno regional confía en lograr 40 millones con la subida de impuestos y otros 40 con el ahorro de sueldos

A trompicones, si esta expresión es aplicable al hecho de que un Ejecutivo apruebe una iniciativa con el rechazo de uno de sus socios, el Consejo de Gobierno dio ayer luz verde al proyecto de ley de ajuste económico y control del déficit público. El PSOE, parte mayoritaria del gabinete, defendió con entusiasmo una propuesta de la que IU se desmarca, al menos de momento, y que ahora inicia una tramitación parlamentaria que se prevé compleja y sujeta a duras negociaciones políticas. Los consejeros de Economía, Jaime Rabanal, y Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, presentaron en público el conjunto de medidas de recorte del sueldo de los funcionarios y de subida de impuestos que permitirán al Principado ahorrar 40 millones de euros en el capítulo de personal e ingresar otros 40 millones gracias al incremento de la presión fiscal.

La sesión del Consejo de Gobierno de ayer evidenció la crispación y la desconfianza que marca la relación entre los socios. Fuentes próximas al encuentro incidieron en la «incomodidad» y la «tensión» que presidió la mañana en la sede de la Presidencia, en el marco del cruce de declaraciones entre ambas partes que ha guiado la actualidad política en los últimos días. Según estas fuentes, los dos consejeros de IU -Noemí Martín y Aurelio Martín- expresaron su queja por haber conocido el contenido del proyecto de ley sólo horas antes de la reunión, y reclamaron de nuevo los datos generales de que dispone Economía con vistas a negociar en su totalidad el plan regional de ajuste, cifrado en 210 millones. No fue una jornada de abrazos.

Este año, 10 millones

De momento, ayer se aprobó la parte del recorte vinculada a la rebaja del sueldo de los funcionarios -entre el 1,95% y el 7,31%, según la cuantía de los salarios- y la reforma fiscal que retocará al alza el IRPF, el canon de saneamiento, el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados y Sucesiones y Donaciones. El capítulo tributario va en la línea de las exigencias de IU, lo que abre una rendija para un posible acuerdo con el PSOE en la negociación parlamentaria que comienza hoy, cuando el proyecto de ley llega a la Junta. Pero queda tela que cortar, porque, de momento, Izquierda Unida rechaza la propuesta socialista, lo que lleva a la aplicación del recorte de sueldos públicos a la vía del decreto, teóricamente más lesiva.

Rabanal, que había echado cálculos, llegó con las cifras preparadas. Cifró en 40,1 millones de euros el incremento anual de los ingresos gracias a la reforma fiscal, pero a partir de 2011, dado que el ejercicio actual está en curso y la mejora recaudatoria se limitará a unos 10 millones. Defendió que los retoques al alza cargan el esfuerzo sobre las rentas altas y dijo que ir por la vía contraria -rebajarlos- sería «una irresponsabilidad». Y pidió a IU y PP su aprobación en la Junta, insinuando que no contar con ese dinero y con los 40 millones de ahorro en sueldos pondría en peligro nuevas inversiones y la calidad de los servicios públicos. «Si no, los gastos crecerían sobre los ingresos y la situación sería insostenible», aseveró.

En cuanto a la rebaja de sueldos públicos, a lo ya conocido se agregó que la Universidad de Oviedo deberá aplicar una rebaja del 5% a los salarios, aunque podrá hacerlo de forma progresiva. Para el personal laboral no funcionario, el ajuste será lineal, del 5%, ya que, según el Gobierno, los sindicatos rechazaron hacerlo por escalas. Las plantillas de sociedades y entes del sector público -salvo las sociedades mercantiles- sufrirán el mismo recorte que los funcionarios.

En el caso de las mercantiles, el Principado, que tiene parte en las mismas, propondrá esa misma medida, aprobándolo donde tiene mayoría y sometiéndolo a negociación en el resto. Asimismo, habrá un tijeretazo del 5% en las subvenciones que aparecen recogidas en el presupuesto, las llamadas nominativas, también del 5% en la transferencia a los conciertos sanitarios y del 3,2% en el complemento autonómico que percibe el personal de la enseñanza concertada.

Por cierto que, tal y como explicó Migoya aludiendo a la tramitación parlamentaria del proyecto, la rebaja en los salarios no podrá aplicarse en la nómina de junio. Comenzará a sentirse en la de julio, pero, a final de año, el recorte total será el previsto. Es una especie de prorrateo.

Quienes ganen menos de 949 euros serán los únicos que no constaten como su nómina mengua. Por otro lado, el Ejecutivo todavía tiene pendiente el ahorro de 28 millones adicionales en personal, aunque en este caso no será por la vía de las retribuciones, sino «reorganizando» la estructura. Por ejemplo, reduciendo las horas extra.