Cañas en pie de guerra

Las sociedades de pescadores se oponen a los cambios que el Principado promueve para las próximas temporadas

SARA G. ANTÓN SGANTON@ELCOMERCIODIGITAL.COMGIJÓN.
Un pescador lanza la caña en el pozo salmonero La Isla en el río Narcea. ::
                             PALOMA UCHA/
Un pescador lanza la caña en el pozo salmonero La Isla en el río Narcea. :: PALOMA UCHA

A punto de finalizar la campaña más atípica de la historia de la pesca de salmones en Asturias -a partir de pasado mañana ya no se podrá pescar con muerte- las aguas bajan revueltas en los ríos del Principado. Los cambios que el Gobierno regional quiere aplicar en el reglamento de la ley de ecosistemas y pesca fluvial han dejado de una pieza a las sociedades de pescadores, que rechazan dos de las tres novedades que la Consejería de Medio Ambiente prevé establecer.

Las Mestas del Narcea, El Esmerillón, la Asturiana de Pesca, La Socala y El Marabayu lo tienen claro. De ninguna manera aceptarán la primera de las pretensiones de la Administración, que quiere abrir el abanico y permitir que puedan acceder al Consejo Regional de Pesca como sociedades colaboradoras asociaciones que no tengan centros ictiogénicos. Una exigencia que sí tuvieron que cumplir las sociedades citadas asumiendo elevados costes -cien millones de pesetas, en la antigua moneda, en el caso de Las Mestas del Narcea- para poner en marcha esos centros de alevinaje.

Es más, las asociaciones de pescadores consideran que se trata de una estrategia del Ejecutivo regional para dar cabida en el Consejo de Pesca a colectivos afines a sus políticas en materia de salmones.

Y eso es algo en lo que no están dispuestos a ceder. De hecho, recurrirán a la vía judicial si es necesario para impedir que la propuesta salga adelante.

«Es un agravio comparativo», sostenía ayer el presidente de Las Mestas del Narcea, Celestino Pérez. «Una encerrona», apostillaba, menos diplomático, su homólogo en El Esmerillón, Antón Caldevilla, que reconoce que salió de la reunión con la viceconsejera Belén Fernández «muy asustado» por las consecuencias que pueda tener abrir la puerta a otros colectivos.

«Grupos afines al Gobierno»

La reticencia y, en muchas ocasiones, clara oposición de las sociedades de pescadores a determinadas iniciativas del Ejecutivo autonómico, sostienen los afectados, estarían detrás de esta iniciativa. «Así entrarían en el consejo de pesca sociedades afines al Gobierno, justo antes de las elecciones», apuntan. Creen que lo que buscan es romper la «unidad» que hasta ahora han mantenido los colectivos de pescadores en el consejo regional.

De momento, para tener el rango de sociedad colaboradora hay que instalar y mantener un centro ictiogénico con 75.000 alevines y contar con más de 250 socios. Una oposición más tibia -aunque también suscita recelo- muestran a otra de las novedades que plantea el Gobierno regional, que defiende que la normativa de pesca fluvial se establezca por quinquenios.

A los pescadores les parece que este es un periodo demasiado largo. Lo primero, por la existencia de factores externos incontrolables -como la meteorología, por poner un ejemplo- que pueden marcar el que se pueda o no pescar. «No puede ser que se aplique la norma pensada para un año normal a uno de sequía», apunta Celestino Pérez.

En cualquier caso, en este punto, las sociedades de pescadores sí estarían abiertas a la negociación. Una de las ideas que manejan es la posibilidad de una norma a cuatro años -coincidiendo con la duración de una legislatura- con revisiones anuales en las que estuvieran implicados todos los agentes.

La tercera propuesta de Medio Ambiente pasa por desarrollar la figura legal del guía de pesca.