Casi 200 jóvenes asturianos tienen que devolver su ayuda al alquiler

191 asturianos tienen que devolver su ayuda al alquiler. La de 210 euros al mes que llevan cobrando desde 2008 y que, en teoría, tenían aprobada durante cuatro años más. El colectivo, formado por jóvenes de edades comprendidas entre los 22 y los 30 años, ha sido acusado de incumplir las normas establecidas por el Ministerio de Vivienda para recibir la denominada Renta Básica de Emancipación. Dijeron que cobraban menos de 22.000 euros al año y, según el departamento que dirige Beatriz Corredor, sus ingresos anuales son superiores. O lo fueron en 2008.

Esa es la argumentación ministerial para enviar, en mayo pasado, un requerimiento al Gobierno regional en el que le instaba a reclamar a esos 191 jóvenes el dinero recibido. Sin embargo, desde el Principado, como han hecho otras comunidades autónomas -lideradas por Cataluña y Madrid- la respuesta al equipo de Corredor ha sido que «las cosas deben aclarase».

Así lo aseguró ayer el director general de Vivienda, Manuel González Orviz, quien confirmó que fue en mayo pasado «cuando nos llegó la comunicación del ministerio. Desde Madrid nos enviaron una relación con 191 nombres, de los que se decía que, en 2008, habían superado el límite de ingresos permitido para cobrar esta paga».

La respuesta directa de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda fue «lo primero de todo pedir al Ministerio de Vivienda los detalles de cada caso, para advertírselo así a los beneficiarios de la paga». Además, explicó González Orviz, «planteamos al ministerio que, por encima de todo, está el principio de seguridad jurídica, por lo que teníamos que darle audiencia a cada uno y darles la oportunidad de que explicasen qué ocurrió».

Según su opinión, no se trata de falsificar los datos, sino que la situación de los beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación «varió durante 2008». González Orviz tiene constatado que «muchos fueron despedidos y recibieron una indemnización que les hizo superar el límite de 22.000 euros. Otros se quedaron de baja y, en algunos trabajos, se cobra más enfermo que trabajando, lo que les cambió el cómputo anual del salario».

Situación de crisis

El Principado añadió en su argumentación al ministerio la necesidad del «principio de proporcionalidad», porque González Orviz entiende que «las condiciones tienen que ser iguales en todas las comunidades autónomas». Además de contestar por escrito, el Gobierno regional, con el resto de comunidades, mantuvieron a principios de verano una reunión «con el Ministerio de Vivienda, para clarificar cómo íbamos a actuar, ya que se trata de unas ayudas estatales, de las que las comunidades sólo hacemos de gestoras».

En esa cita, Asturias puso sobre la mesa «los problemas que pueden plantear, en 2010, con la crisis que hay, devolver unas ayudas concedidas hace dos años. No creo que las situación de los beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación sea igual o mejor, por lo que obligarles a devolver ese dinero sea causarles un problema aún mayor».

Por eso, de momento, los 191 afectados han sido notificados de la decisión del Ministerio, «pero nada más, porque, no nos han dicho qué hacer. Nos dicen que aguardan la respuesta del abogado del Estado. Hasta ese momento, nosotros seguimos esperando».