Pleito por un premio de doctorado

Considera que la convocatoria ha estado «contaminada», con tres directores de tesis en una comisión que evaluaba a sus pupilos Rubén Figaredo demandó a la Universidad ante el Contencioso-Administrativo

E. MONTESGIJÓN.
Rubén Figaredo. ::
                             E. C./
Rubén Figaredo. :: E. C.

Ha agotado todos los cauces administrativos y las respuestas del equipo rectoral no le han complacido, por lo que Rubén Figaredo, doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Oviedo, ha optado por dar un paso más y acudir a la vía judicial, a sabiendas de que el Premio Extraordinario de Doctorado ya fue entregado el pasado enero, como es tradicional, durante la celebración de Santo Tomás de Aquino. ¿El motivo? El proceso de concesión del galardón en su departamento, el de Historia del Arte y Musicología.

Figaredo entiende que no fue todo lo limpio que debiera o, al menos, que no lo pareció, y el resultado, cuanto menos, le sorprendente: de las cinco tesis doctorales con sobresaliente cum laude que optaron al premio, las tres mejor calificadas, con una diferencia abismal sobre las otras dos, resultaron ser las de los directores que formaban parte de la comisión evaluadora. Al margen de la condición circunstancial, y no vinculante, de que el candidato que logró mayor calificación fuera hijo de una prestigiosa catedrática del campus de El Milán, lo que sí llama la atención a alguien ajeno a la maquinaria universitaria es la escalera de calificaciones que se produjo entre los candidatos. El primero obtuvo 8,5 puntos, seguido del segundo y tercero, empatados a 6,5 puntos. A partir de ahí -los tres con directores de sus tesis en la comisión-, se produce un brusco corte en la puntuación, hasta llegar a los 2,9 del cuarto y a los 2,2 del quinto, resultados a simple vista incomprensibles para quienes habían obtenido previamente con esos mismos trabajos un sobresaliente cum laude.

En este punto, la vicerrectora de Ordenación Académica y Nuevas Titulaciones, Paz Suárez Rendueles, puntualizó que «en los premios extraordinarios de doctorado no cuentan solo las tesis presentadas, que se da por entendido que ya acuden con una buena calificación y que parten con una puntuación igual para todos. También se valora el movimiento posterior de esos trabajos y lo que se ha hecho con ellos: las publicaciones que han tenido, las comunicaciones, las ponencias... Todos esos elementos que van más allá del trabajo y que representan su proyección».

Sin embargo, Rubén Figaredo mantiene que «la primera irregularidad se produce en el mismo momento de la convocatoria, cuando ninguno de los candidatos conoce la composición de la comisión evaluadora ni los baremos». Y ante la falta de justificación, quien quedó el último de los cinco candidatos se molestó en pedir el acta de la reunión en la secretaría de su departamento, documento que le fue denegado y paso que constituyó sólo la primera de una serie de negativas universitarias.

Carta el rector

Según narra el propio Figaredo, la siguiente procedió del director del departamento, en respuesta al recurso que presentó. Y la posterior del propio rector, a quien había dirigido una carta. Fallido ese intento, el último recurso fue el Defensor del Universitario, figura que tampoco aportó solución alguna. Finalmente, la Universidad desestima el recurso el 25 de febrero, con lo que da por cerrado el proceso administrativo, a partir de lo cual el recurrente decide acudir a la vía contencioso-administrativa de la mano del abogado Jesús Solís, y la Universidad habilitar a la abogada Pilar Bon para defender la transparencia de la adjudicación del premio.

«Lamento que el asunto haya llegado tan lejos, pero creo sinceramente que no tiene razón. La propuesta llega al vicerrectorado procedente de los departamentos, que tienen su propio reglamento interno, tanto para la composición de las comisiones como para el establecimiento de los baremos, que es el mismo siempre según establezca cada departamento», explica Suárez Rendueles, quien señala que cuando se producen esas concurrencias de directores de tesis en la comisión que las valora, «está en la mano de cada cual votar o abstenerse, pero, en todo caso, sobre esa tesis sería un voto y ello no justificaría la diferencia de calificaciones».

Deber de abstención

El secretario general de la Universidad respondió a una pregunta formulada por la profesora Paz de Andrés en el Consejo de Gobierno en febrero que «el deber de abstención alcanza a cuantos presentan un interés directo en los asuntos objeto de examen», según reza el acta de la reunión, si bien ya entonces barrunta José Francisco García que el recurso culminaría la vía administrativa. La vicerrectora de Ordenación Académica y compañera de equipo rectoral señala que «desde mi modesta opinión, el asunto tiene muy pocas posibilidades legales, a la vista de las puntuaciones del departamento».

No comparte ese criterio Jesús Solís, quien considera la convocatoria del premio «contaminada, por falta de publicidad, por oscurantismo y por la propia composición de la comisión, con tres directores de tesis concurrentes al premio en ella. Creo que no se ajusta a derecho y lo que pido es que sea anulada». El letrado estima en no menos de un año el tiempo que precise la Justicia en dirimir una demanda que, cuanto menos, cuestiona la máxima popular de que la mujer del César, además de ser honesta ha de parecerlo.

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