«Sólo el 1,5% de las denuncias por malos tratos son de familiares»

El fiscal de Violencia de Género alerta de que más de la mitad de las demandas no llegan a ser juzgadas, sobre todo, al ser retiradas

A. VILLACORTAOVIEDO.
Gabriel Bernal, durante su comparecencia de ayer en el Palacio de Justicia de Oviedo. ::
                             MARIO ROJAS/
Gabriel Bernal, durante su comparecencia de ayer en el Palacio de Justicia de Oviedo. :: MARIO ROJAS

Solo un día después de que el fiscal superior de Asturias advirtiese de los elevados niveles de agresividad en los hogares de la región y a la luz de los datos referidos al año pasado, hay algo que al fiscal delegado de Violencia Doméstica y de Género del Principado, Gabriel Bernal del Castillo, le inquieta sobremanera: «El exiguo número de denuncias que son presentadas por los familiares de las víctimas, sólo el 1,5%» de las 2.147 registradas a lo largo de 2010.

Esta «cifra significativamente baja» de voces de alerta lanzadas por el entorno más cercano de las mujeres que sufren malos tratos se explica, según Bernal, por dos razones: «En ocasiones sucede que, pese al conocimiento de la existencia del maltrato, hay una inhibición que no resulta explicada más que por razones de conveniencia. Pero en otras, sin embargo, la inacción puede obedecer al respeto de la voluntad de la víctima, renuente a la denuncia y cuyo concurso es decisivo para la investigación y prueba de los hechos».

Así que, con los números de la memoria de su departamento en la mano y «sin querer pensar que se trata de una falta de compromiso» con las mujeres que sufren maltrato, el fiscal reclamó a las familias de las maltratadas mucha más contundencia a la hora de denunciar y les llamó «a que colaboren con la víctima y, en última instancia, con la Administración de Justicia». Porque, reflexionó, «resulta difícil pensar que los familiares directos no tienen conocimiento de la realidad, aunque, muchas veces, la víctima lo oculte». E instó a las mujeres a «que se movilicen y pongan de manifiesto la violencia» que sufran.

En total, el pasado año, 2.994 asuntos penales ingresaron en los juzgados de la región por violencia doméstica y de género, una cifra ligeramente inferior a la del año pasado (3.315). Y, en el 86% de los casos, las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, mientras que el 7,2% partió de los servicios sanitarios, el 3,3% de la intervención policial directa, el 2% de terceros como el personal de los servicios asistenciales y, finalmente, ese nimio 1,5% de familiares.

Esta circunstancia es, según Gabriel Bernal, una constatación más de «la complejidad del problema y la dificultad de su persecución», como demuestra también el hecho de que el 54,3% de los procedimientos penales abiertos finalizaron con sentencia absolutoria, sobreseimiento provisional o libre.

Esas demandas que no llegan a ser juzgadas -más de la mitad y, fundamentalmente, después de que la víctima retire la denuncia o por falta de pruebas contra el supuesto agresor- también preocupan al fiscal delegado de Violencia Doméstica y de Género, que precisó que «el número de denuncias retiradas fue de 306». Y, en esos casos, la Justicia de nuevo choca contra un muro de silencio.

Denuncias falsas

«Otra de las cuestiones que nos preocupa siempre es la coordinación con otros organismos e instituciones», prosiguió Gabriel Bernal su repaso anual. Porque ya la memoria de la Fiscalía referida a 2009 «hacía referencia a los problemas de saturación de trabajo que sufría la Unidad de Valoración Integral» de las víctimas. Y, a pesar de que en 2010 la lista de asuntos pendientes y el tiempo de espera para la emisión de informes mejoraron, «persistió la acumulación y la carga de trabajo».

Fruto de esa estrecha colaboración se dictaron el pasado año en Asturias 818 órdenes de protección (frente a las 833 del ejercicio anterior, una diferencia no relevante) y se desarrolló el protocolo que permite contar con dispositivos electrónicos similares a un teléfono móvil que portan tanto la víctima como el agresor, de forma que los movimientos de ambos están controlados por medio de una pulsera-transmisor que envía señales a una central de control gestionada por una empresa de seguridad.

La unidad que porta la mujer informa de su situación al centro de control, permite la comunicación de voz y pulsar un botón de pánico y, además, le avisa si el agresor se aproxima a menos de 500 metros.

Actualmente, aclaró Bernal, se dispone de unos 3.000 aparatos de este tipo en el conjunto del Estado, de los que sólo unos 650 están en uso, lo que refleja, según el fiscal, que los jueces están haciendo un uso «muy moderado» de estas pulseras, ya que, el hecho de que proporcionen la ubicación de la víctimas de forma permanente tiene un efecto «invasivo» sobre la esfera personal de la afectada.

Bernal, que planteó la posibilidad de extender el uso de las pulseras GPS para agresores no sólo como medida cautelar, sino también en aquellos casos en los que hayan sido condenados a penas de alejamiento, aclaró, no obstante, que los quebrantamientos de la medida de alejamiento son escasos.

También fue tajante el fiscal sobre la alarma sembrada por las presuntas denuncias falsas que, desde algunos sectores, insisten en poner de manifiesto. Bernal lo dejó claro remitiéndose a un informe elaborado por el CGPJ: «El Consejo General del Poder Judicial hizo una investigación exhaustiva y constató

que son insignificantes».