Aldergarten eleva a un mínimo de 31 millones los daños por no construir en las dunas

«Quien impida la ejecución de la sentencia que nos favorece pagará una indemnización más los retrasos», dice la empresa

JOSÉ L. GONZÁLEZPIEDRAS BLANCAS.

La empresa Aldergarten, propietaria de una parcela en las dunas de El Espartal de Salinas en la que pretende construir unas 300 viviendas y que se encuentra inmersa en un litigio con el Ayuntamiento de Castrillón ante la negativa de este a autorizar la edificación, cifró ayer en «un mínimo de 31 millones de euros» el coste que deberá afrontar la administración que impida este proyecto.

La empresa cuenta con una sentencia del Tribunal Supremo en la que se reconocen sus derechos edificatorios en la citada parcela, un texto en el que no se especifican los costes indemnizatorios de impedir el proyecto. «Eso no lo dice la sentencia, lo dice la ley. Quien impida la ejecución de la sentencia que reconoce nuestros derechos deberá hacer frente a una indemnización», señaló el mismo portavoz.

LA VOZ dio a conocer e su edición de ayer un informe del Gobierno del Principado en el que se cifra en 26 millones de euros esa indemnización. «El Principado lo tenía claro desde el principio. Ellos han hecho ese cálculo, pero nosotros estimamos que la indemnización se elevaría a 32 millones de euros», señalan desde Aldergarten.

Pero, según sostiene la empresa, los costes de esta operación pueden ser aún mayores para las arcas del Ayuntamiento, ya que la indemnización no sería la única cantidad que debería pagar. A estos costes, se sumarían los intereses del capital inmovilizado más los daños y perjuicios. «Si el proceso acabase hoy y se nos denegase la posibilidad de construir, estaríamos hablando de la indemnización más una cantidad que oscilaría entre los cinco y los diez millones de euros».

En este momento, los juzgados dirimen sobre la aprobación del estudio de detalle que presentó la empresa en el Ayuntamiento y que fue denegado. Paralelamente, se dirime otro proceso judicial iniciado por el Principado, que ha demandado al Ayuntamiento por «atribuirse competencias en materia de Medio Ambiente que no le corresponden» para paralizar el proceso de construcción en las dunas.

El portavoz adjunto del Partido Popular, Ramón Cesáreo, insistió ayer en la postura que mantiene su partido en este proceso. «No hay duda de que el Principado está bien asesorado en materia jurídica, por eso se quedó al margen reconociendo los derechos edificatorios de la empresa. Nosotros coincidimos con el PSOE y decimos que ahí no se debe construir y que debe negociar una permuta», señaló.

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