Los contrarios a la ampliación del vertedero pedirán la suspensión cautelar de las obras

Un recurso contencioso administrativo ha sido admitido a trámite, «aunque podría no ser suficiente», admite el colectivo de Vega

ÓSCAR CUERVOGIJÓN.
Representantes de los colectivos, durante la reunión celebrada ayer en Leorio. ::
                             JOAQUÍN BILBAO/
Representantes de los colectivos, durante la reunión celebrada ayer en Leorio. :: JOAQUÍN BILBAO

«El Gobierno del Principado debe tener presente que ha actuado dando la espalda a las leyes». La Federación de Asociaciones Rurales Les Caseríes, el colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y la Asociación de Ganaderos y Afectados por la Incineradora explicaron ayer sus puntos de vista sobre el Plan Territorial Especial de Residuos (PTER), el Centro de Transferencia de Residuos Peligrosos (CTRA) de El Musel y la «macroincineradora» de Serín. «No hay ningún plan autonómico de prevención sobre residuos ni para su gestión. Sin embargo se están aprobando estas obras sobre las que ni tan siquiera conocemos los tipos de basuras que van a tratar», dijeron.

«Duele» entre estos colectivos que «no se hayan realizado los estudios medioambientales pertinentes ni se explique la necesidad que existe de duplicar la superficie ocupada por Cogersa en Serín y parroquias limítrofes».

«Importar recursos»

Carmen Suárez, presidenta del colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural, insistió en este sentido en los «daños que provocará sobre el medio ambiente, la actividad agraria y la salud de las personas». «Vamos a importar residuos peligrosos del exterior. Es como si en Asturias no hubiera más posibilidades que importar residuos peligrosos y muy peligrosos de otros lugares para ganarnos la vida», añadió.

Las «consecuencias medioambientales», además de «los al menos 500 millones que costará la incineradora y que pagaremos los de siempre» han sido motivos suficientes para presentar un contencioso administrativo que ya ha sido admitido a trámite. Ordenar un área de 4,5 millones de metros cuadrados, espacio actual que ocupan las instalaciones de Cogersa, con el objetivo de albergar la segunda planta de tratamiento de residuos de España también causa cierto recelo entre estos colectivos.

Carmen Suárez puntualiza: «Es posible que no sea suficiente. Mientras se da una solución a este recurso, las obras pueden continuar, por lo que pase lo que pase, si deciden proseguir con lo proyectado, el mal puede acabar hecho. Es por ello que vamos a solicitar la paralización cautelar de las obras».

La incineradora fue precisamente uno de los temas abordados en el Pleno de ayer, si bien la alcaldesa señaló que no definirá su postura «hasta que se conozca el proyecto».

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