¿Sobran concejos?

El mapa municipal asturiano tiene sus peculiaridades, como es lógico. Derivadas de la geografía, de la historia y, en algunos casos, de la insistencia vecinal. Ahí tenemos estos días el caso de los que, en El Vidural, quieren que el pueblo sea sólo naviego y deje de repartirse con Valdés. O la conocida aspiración de sectores de Lugones para independizarse de Siero. O, en fin, la cíclica amenaza de algunos lugares de León de integrarse en el Principado por la calidad y proximidad de algunos servicios. Y eso, sin hablar de la insólita extraterritorialidad con la que Mieres gestiona desde 1926 sus posesiones en el puerto de Pinos, en Babia.

Partiendo de que nada hay inmutable, la pregunta es, en momentos de crisis y recortes, si los 78 concejos que conforman Asturias son muchos o pocos y si su disparidad hace aconsejable una política de fusiones, que es competencia de la comunidad autónoma.

Los orígenes de nuestros municipios son bien diversos, aunque la vinculación de muchos de ellos a la mitra ovetense es mayoritaria. Su antigüedad, igualmente, es muy variable. En 1833, por ejemplo, Asturias recuperó los concejos comprendidos entre los ríos Cabra y Deva, perdidos en 1230. En 1857 y 1885 se anexionaron a Oviedo territorios limítrofes. En 1863, se crea como tal el concejo de Tapia; seis años más tarde se dividió Peñamellera en dos. y así sucesivamente, porque la historia no ha parado de cambiar linderos. Por tanto, localismos estériles al margen, debiéramos propiciar un debate sereno sobre la suficiencia y la eficiencia del actual mapa de concejos.

La diseminación edificatoria de Asturias presenta, especialmente en concejos saturados de pequeñas poblaciones castigadas por la orografía, una peculiaridad que no se da en regiones mesetarias, donde cada municipio cuenta con la capital y poco más. Y la población nos ofrece una comparativa desoladora, que va desde los 170 habitantes de Yernes y Tameza (o los 184 de Pesoz), hasta los casi 280.000 de Gijón. Contamos con 16 municipios que no alcanzan las 1.000 almas (las que exigía la Constitución de Cádiz); 31 más que no llegan a la cifra de 5.000, legalmente trascendente y recomendada como 'mínimum' por los expertos; 24 que están entre ese número y los 20.000 pobladores; 3 más que no llegan a los 50.000 habitantes; 1 que supera esa cifra por los pelos y 3 que, según la terminología de una ley de 2003, pueden ser considerados 'municipios de gran población'. Todo un muestrario de desigualdad que se traduce, pues el número de vecinos es determinante, en la financiación de las competencias obligatorias.

Para ese debate me atrevo a recomendar dos cosas: la primera, cerrar las competencias locales y acabar con la doctrina de los intereses generales por la que, con bendición constitucional, los ayuntamientos pueden meterse en camisa de once varas, que nunca es gratuita y, la segunda, garantizar la pervivencia de los concejos a suprimir, mediante su transformación en entidades inframunicipales, muy austeras, pero con personalidad jurídica y patrimonio propio.