Veto total al móvil en los institutos

Los centros educativos refuerzan los controles para evitar problemas con grabaciones y fotografías que luego se cuelgan en la red Policía y directores de varios IES detectan un incremento de los casos de acoso a través del teléfono

A. VILLACORTAOVIEDO.
Dos agentes de la Policía Nacional destinados a la vigilancia de las inmediaciones de centros educativos. ::                             E. C./
Dos agentes de la Policía Nacional destinados a la vigilancia de las inmediaciones de centros educativos. :: E. C.

Es la forma de ciberbullying más extendida entre los adolescentes en edad escolar: el acoso a través del teléfono móvil. Una práctica que ya han sufrido profesores y alumnos de varios institutos de la región y que se ha incrementado en los últimos tiempos, según confirma Mila Madiedo, al frente del gijonés IES Jovellanos, donde uno de sus docentes vio cómo su imagen era colgada en la red con una serie de comentarios denigrantes como telón de fondo.

La mecánica es extremadamente sencilla para unos estudiantes que dominan las nuevas tecnologías y, aunque los móviles llevan mucho tiempo en manos de los adolescentes, las situaciones más graves aparecieron en los últimos cinco años, cuando en estos dispositivos se generalizó la inclusión de cámaras de foto y vídeo y la conexión a internet. Los teléfonos pasaron entonces de ser una amenaza contra la concentración en el aula a un problema mucho más serio.

Tanto es así que, a pesar de que su uso suele estar limitado en las aulas de colegios e institutos (las comunidades carecen de una norma autonómica específica de cumplimiento obligatorio, excepto Madrid), algunos centros educativos asturianos como el IES ovetense Alfonso II han comenzado a reforzar los controles para evitar este tipo de prácticas. En su caso, prohibiendo los móviles en todo el recinto del instituto y no sólo en las clases, una medida que acaba de ser aprobada por el Consejo Escolar.

«Ni esperan a llegar a casa»

«En Asturias, la mayoría de los reglamentos internos de los institutos ya recogen que los móviles no pueden estar conectados en clase, algo que suele estar tipificado como una falta leve», explica Francisco Alonso, portavoz de la Asociación de Directivos de Enseñanzas Medias del Principado (Adespas).

Pero, en muchos casos, se ha demostrado que no es suficiente, justifica Francisco Diego Llaca, director del Alfonso, que cuenta que el patio y las horas del recreo, los pasillos o los aseos son lugares de lo más propicios para obtener fotos o vídeos comprometedores que, en apenas unos segundos, estarán circulando por las redes sociales.

«Ya lo hacen directamente. No esperan ni a llegar a casa», cuenta Llaca, que se ha encontrado con estudiantes chateando en mitad de una conferencia como si tal cosa y que lucha diariamente contra «la inmediatez», ya que todo el instituto está dotado de conexión wifi.

«Esto se ha convertido en un desmadre. Tanto, que deberían ser instancias superiores como la consejería las que tomasen cartas en el asunto», defiende José Ramón Tomás, inspector jefe de Policía a cargo del Plan Director para la Mejora de la Seguridad Escolar, en el que se coordinan la Administración estatal, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil y la Consejería de Educación y Universidades.

Este inspector, con una hoja de servicios de más de cuarenta años a sus espaldas, relata el caso de «una profesora joven a la que acosaban haciendo unos retoques tremendos con Photoshop» o de «un director de otro centro que llamó porque estaba asustado porque varios estudiantes habían creado una web con comentarios ofensivos como que el instituto era una mierda. Inmediatamente, nos desplazamos allí, con varios agentes especializados en nuevas tecnologías que, sobre la marcha, consiguieron saber quién había colgado la página».

Sin embargo, la mayoría de los casos no se resuelven tan rápido, explica Mila Madiedo, y se convierten en «un proceso largo» que concluye cuando se localiza al culpable. «En el caso de tratarse de una falta de convivencia leve, la sanción puede oscilar entre perderse un recreo, quedarse a séptima hora realizando alguna actividad o ser enviado tres días a casa, mientras que, en el caso de las faltas más graves, la sanción más habitual es la pérdida de asistencia al centro. De tres días hasta un mes como máximo. O no poder asistir a una materia concreta».

Al final, lo que Francisco Diego Llaca reclama ante «un problema que no se puede consentir», es «que la sociedad reflexione sobre qué sentido tiene que niños de diez o doce años tengan móvil. Dicen que lo necesitan, ¿pero para qué?».

Y lo mismo piensa Juana Llana, al frente de FAPAS-Xixón, en nombre de los padres y madres de la pública: «La comunicación, en todo caso, es con el centro. Si pasa cualquier cosa, los avisos son por esa vía. Los móviles molestan al profesor y molestan a los alumnos, que no están a lo que tienen que estar».

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