Un lustro de lastre legal

El Gobierno central, que ha congelado la financiación, se ha dado dos meses de plazo para decidir qué hacer Afectados, empresarios y expertos ven peligrar la norma

CH. T.GIJÓN.

Una lustro de la ley que se ha convertido en lastre. El trabalenguas resume el sentir de todos los colectivos que giran alrededor de la Ley de la Dependencia: expertos en servicios sociales, empresarios y, por supuesto, beneficiarios. Todos coinciden en que «las grandes expectativas se han roto».

Así lo asegura José Luis Crespo, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad (Feaps), quien hizo patente su preocupación porque una ley «que nació para quitar el carácter caritativo que tenían los servicios que necesitan las personas con dependencia» acabe «paralizada por falta de financiación».

El pacto de estado sellado este mismo mes por el Gobierno central con todas la autonomías para salvar la ley -se han dado un plazo de dos meses para decidir qué hacer, tras congelar el acceso al sistema de nuevos beneficiarios- alarma más que tranquiliza. «Está claro que está en riesgo lo que tanto nos ha costado conseguir», lamenta Crespo, que recuerda que «ya fue difícil desde el principio, cuando a las personas con discapacidad intelectual no las querían incluir».

Esa pelea tienen, aún hoy, las personas con demencia. Desde la Fundación Alzheimer Asturias se aseguró a EL COMERCIO que «no hay ninguna persona con alzheimer beneficiada por la Ley de la Dependencia». Por eso, desde el Cermi -el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, que preside Mónica Oviedo- se ha lanzado un mensaje claro «no podemos consentir ni un paso atrás en el terreno conseguido por las personas con discapacidad».

Del notable al suspenso

Sin embargo, los expertos de la ley y los empresarios no son optimistas. Los primeros, englobados en la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales -la creadora del Observatorio de la Dependencia-, han pasado de premiar con un notable la gestión del Principado, como ocurrió en 2009, a otorgarle sonoros suspensos.

No ha logrado aprobar Asturias desde 2010 porque, como explica el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez, «se ha equivocado en la gestión: debió apostar por los servicios sociales municipales en lugar de crear una red paralela».

Los empresarios, aunque coinciden en el origen del problema, una gestión no acertada, tienen clara la diana de sus quejas: «La mala aplicación. Se apostó por la paga al cuidador familiar porque es más barata». Es Ana Gil, la presidenta de la patronal geriátrica Asacesema, quien más ha batallado por mejorar una ley que, en principio, tendría que beneficiar a los propietarios de residencias geriátricas. Se anunció el crecimiento de empleo en el sector de hasta 10.000 personas, incluido ayuda a domicilio y centros de día, pero la realidad es «que hay plazas vacías. La crisis ha llevado a la gente a pedir la paga al cuidador familiar». La paga excepcional. La que en Asturias cobran 7.071 personas. A los geriátricos sólo fueron 3.122.