El Gobierno central amenaza con intervenir Asturias

Alerta de que la situación política «impide tomar medidas para cumplir con el déficit»La Abogacía del Estado estudiará la posible tutela de las cuentas «ante la imposibilidad de la región de aprobar su plan económico»

ANDRÉS SUÁREZOVIEDO.
Ramón del Riego saluda a Cristóbal Montoro al inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de marzo. ::                             NEWSPHOTOPRESS/
Ramón del Riego saluda a Cristóbal Montoro al inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado mes de marzo. :: NEWSPHOTOPRESS

La noticia estalló como una bomba en una tarde de sábado aparentemente tranquila, con los partidos velando armas y moviéndose entre bambalinas con vistas a la semana decisiva de la negociación para la formación de gobierno en Asturias. A través de un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas puso sobre la mesa la posibilidad de intervenir la región y tomar el control de sus cuentas, visto que la situación de interinidad política no permite «la adopción de medidas para el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria». El departamento que pilota Cristóbal Montoro ve en riesgo que el Principado pueda cerrar el ejercicio respetando el límite de déficit del 1,5% sobre el PIB y, por ello, ordena a la Intervención General y a la Abogacía del Estado que estudien la posibilidad de tutelar las finanzas de la comunidad. Sería, de recorrerse ese camino, el primer territorio en perder su autonomía de decisión en detrimento de Madrid.

El movimiento del Ministerio de Hacienda agita un panorama político ya de por sí tremendamente convulso. El momento elegido para amenazar con la intervención tiene su miga, a diez días del inicio del pleno de investidura del que debe salir el nuevo presidente regional, con las negociaciones entre los partidos abiertas, sin nada claro aún y con hasta tres potenciales aspirantes a ocupar el cargo. Es verdad que el Ejecutivo central esgrime que no hay más margen de maniobra, toda vez que el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se van a discutir y, en su caso, aprobar los planes de reequilibrio de las 17 comunidades autónomas se celebra este jueves en Madrid. Pero lo cierto es que ambos procesos, las negociaciones en Asturias y esta amenaza de intervención, se entrecruzan en un momento político muy delicado.

¿Se llegará en realidad a ese escenario extremo? Es pronto para saberlo y, de momento, Montoro simplemente hace ver que esa posibilidad existe y que no dudará en recurrir a ella, llegado el caso. El ministro y sus colaboradores se reunieron en la mañana de ayer para analizar los planes económicos presentados por las distintas regiones y matizar sus contenidos. En la mayor parte de los casos los contactos con las comunidades se limitaron a solicitar «precisiones» sobre la aplicación de los recortes en sanidad y educación. Pero la situación de Asturias «preocupa especialmente», señalan en el Ejecutivo.

¿Por qué? Porque, para Hacienda, el cumplimiento del objetivo de estabilidad para 2012, con un tope de déficit del 1,5% del PIB, es irrenunciable. Y porque tomando ese principio como referencia, se entiende que la situación política que vive Asturias, con un Gobierno en funciones y sin un escenario inmediato despejado, no garantiza la adopción de las iniciativas necesarias para tener los números rojos bajo pleno control. De ahí que se mueva ficha.

«La situación de Gobierno en funciones existente en Asturias impide que el mismo adopte compromisos en materia de ingresos y gastos que garanticen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria», expone el departamento de Montoro.

Hacienda habla de «la imposibilidad de Asturias de aprobar su plan económico», el documento que debe servir como guía para mantener unas cuentas saneadas en 2012, y de una región que, «dada su situación política, no puede garantizar la adopción de medidas para el cumplimiento de la estabilidad». Y plantea, en caso de que dicho plan fuese tumbado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves, el camino a seguir, previa consulta a la Intervención General y a la Abogacía del Estado.

Ambos organismos deberán ahora estudiar la aplicación sobre Asturias de la recientemente aprobada ley de estabilidad presupuestaria. Ley que, en un primer escenario, obliga a la aprobación de un plan económico financiero, ese plan que, según Montoro, el Principado no podría sacar adelante. Para superar esa insuficiencia, la normativa impone la ejecución de «medidas coercitivas y correctivas». Y «en último extremo», y si ninguna de las opciones anteriores prospera, se abre la puerta a la tutela de las cuentas de la región por el Estado.

«Por tanto, se deberá estudiar por la Intervención General del Estado y el servicio jurídico las consecuencias de una posible no aprobación del plan económico-financiero de Asturias en el marco de las normas de la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», remarca a este respecto el Ejecutivo central.

Impacto político

Conocida la advertencia del Ministerio de Hacienda, queda ahora por ver su impacto sobre la realidad asturiana. No tanto su impacto práctico, porque se trata de una amenaza y no de una tutela efectiva, como el político, con unas negociaciones para formar gobierno en plena ebullición y con un gabinete en funciones, de Foro y con Francisco Álvarez-Cascos al frente, que aspira a continuar tras el 22-M, amenazado de intervención por el Ejecutivo central, del Partido Popular y su teórico socio en el Principado. Una nueva pieza en el rompecabezas que complicaría, a priori, la posibilidad de que se formalice un Gobierno de la derecha en Asturias.

Por cierto que en la reunión de ayer en Hacienda también hubo novedades sobre los ayuntamientos. El ministerio no aprobó los planes de ajuste de los consistorios que rechazaron dichos documentos en sus respectivos plenos. Por ello, estos municipios no podrán suscribir los préstamos previstos en el plan de pago a proveedores y se les retendrán partidas de su participación en los ingresos del Estado para devolver las deudas pendientes.