Un juez autoriza al Hospital de Jove a imponer tratamiento a un esquizofrénico

El joven de 33 años «carece de conciencia de enfermedad» y cuando se altera se vuelve agresivo: «Como para sacar la navaja en la calle», recoge el fallo

LAURA FONSECAGIJÓN.
Centro de Tratamiento Integral de Salud Mental de Montevil donde acude a consulta el joven obligado a medicarse. ::                             PALOMA UCHA/
Centro de Tratamiento Integral de Salud Mental de Montevil donde acude a consulta el joven obligado a medicarse. :: PALOMA UCHA

Medicado contra su voluntad por decisión judicial. Un paciente psiquiátrico del Hospital de Jove, que se negaba a tomar la medicación de forma rutinaria en su casa, ha sido obligado por un juez de Gijón a seguir tratamiento domiciliario debido a la grave esquizofrenia que padece desde los 17 años. El joven, que ahora tiene 33, deberá tomar los fármacos a diario aunque no lo desee y los psiquiatras encargados de su caso podrán obligarle e, incluso, requerir del auxilio de la Policía, si éste se negara a mantener las pautas médicas establecidas.

La decisión judicial, que algunos sectores interpretan como un atentado contra los derechos fundamentales, se basa en el hecho de que el joven «carece de conciencia de enfermedad» y también en el riesgo potencial que su conducta puede suponer para él mismo y para su entorno. Los especialistas que le tratan en el Centro de Tratamiento Integral de Montevil argumentaron ante el juez que las descompensaciones que sufre por no seguir la terapia prescrita para su dolencia «van acompañadas de importantes repercusiones conductuales, conductas de matiz psicopático y alto riesgo de heteroagresividad: como sacar la navaja en la calle a terceras personas».

El pronunciamiento judicial, de los pocos que se registran en este sentido en España, proviene del Juzgado de Primera Instancia de Gijón y fue emitido por el magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo. El juez da respuesta así a la petición cursada el pasado 26 de marzo por la Unidad de Psiquiatría del Hospital de Jove, en la que solicitaba autorización para someter a tratamiento ambulatorio obligado a un paciente afectado de una grave dolencia mental.

El joven fue diagnosticado en 1996 de esquizofrenia paranoide. Desde entonces y hasta marzo de 2012 fue ingresado en el hospital hasta en diez ocasiones. Los psiquiatras pidieron al juzgado gijonés autorización para imponer al enfermo el seguimiento de una terapia ambulatoria que evitara su internamiento. El fallo judicial cita hasta quince preceptos legales para respaldar su decisión, los cuales van desde la propia Constitución Española hasta el Convenio de Asturias de Bioética de 1997. El trasfondo de todo este asunto se encuentra en el ordenamiento judicial español donde los psiquiatras pueden ordenar internamientos forzosos de pacientes con enfermedad mental, pero no pueden imponer ni obligar a que se tomen las pastillas en casa. Esto es así porque en España no existe una normativa que regule el llamado Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI) muy conocido en el campo de la psiquiatría. En España, el primer juzgado que autorizó una terapia contra la voluntad de un enfermo fue el de San Sebastián. Lo hizo en 1997. A partir de ahí, otros juzgados se fueron sumando tímidamente. En la actualidad son muy pocos los que tienen regularizado este asunto. Son los Barcelona, Valencia, San Sebastián, Alicante y Gijón.

Posible inserción

Según recoge la sentencia a la que a tenido acceso EL COMERCIO, «la falta de conciencia de enfermedad y las descompensaciones que sufre el paciente debido al seguimiento irregular del tratamiento pautado» es lo que les lleva a los médicos a concluir que «lo mejor para su salud y para llevar unas buenas y dignas condiciones de vida es someterle a tratamiento ambulatorio involuntario».

La autorización judicial, aclara a posteriori el propio magistrado, «es de carácter excepcional». El Hospital de Jove está obligado a remitir un informe al juez cada seis meses. En él debe argumentar si es necesario mantener la actual modalidad de tratamiento con la que se pretende mejorar las condiciones de vida del joven y avanzar hacia una posible reinserción.