La Policía Local niega que Protección de Datos investigue sus ficheros

G. D. -R.OVIEDO.

En una batalla que dura ya meses, la jefatura de la Policía Local negó ayer la versión dada por la sección sindical de Sipla sobre la posible irregularidad de las últimas modificaciones en movilidad, como el control de accesos a las calles peatonales o la 'Zona 30'. Desmintió, además, que la Agencia de Protección de Datos haya abierto un expediente sobre el fichero en el que el servicio gestiona lo que aportan los residentes para obtener autorizaciones para acceder a las calles peatonales.

En un informe, explica, se han creado tres bases de datos para los sistemas de videovigilancia: seguridad en dependencias municipales, seguridad ciudadana y control de tráfico. Asegura que la «información de los sistemas automatizados», los que ponen multas de forma automática, «forman parte del 'Sistema de Gestión Automática de Sanciones'», que sí figura inscrito en el registro. Según la versión de la jefatura, los datos pedidos a residentes y familiares para acceder a las calles con controles se incluyen en el de 'Registros Policiales', también autorizado por la agencia.

El debate de fondo, al margen de lo que diga Protección de Datos si es que tiene algo que decir, sigue siendo si la ordenanza de Movilidad ampara los cambios introducidos el año pasado. El sindicato sostiene que no, y que, por eso, se impulsa ahora una modificación de la normativa para recogerlos. Nada de eso es así, según la jefatura.

Los cambios, dice el informe remitido ayer por el equipo de gobierno, se hacen para «regular el estacionamiento y pernocta de autocaravanas» en el casco urbano, y «aprovechando el 'iter legis' de esa modificación, clarificar y regular algunas cuestiones con mayor detalle». El 'latinajo' conlleva la modificación de 12 artículos y una decena de páginas; lo de las caravanas, dos epígrafes de un artículo y un folio.

La jefatura considera que «la actuación que hasta ahora se ha llevado sobre el control de accesos a calles peatonales, presenta suficiente cobertura normativa con la actual regulación». Se sostiene en un acuerdo de la Junta de Gobierno para la «regulación y ordenanción del tráfico en el casco antiguo y otras calles del entorno», de hace 19 años y en el que no se incluyen algunas de las vías sujetas ahora al régimen de accesos controlados por cámaras, denuncia Sipla. La Policía entiende que «las calles peatonales son las mismas antes y después de la colocación de las cámaras» y que el único cambio «es que antes eran controladas por agentes del servicio de Tráfico de la Policía Local y, ahora, se controlan a través de sistemas tecnológicos», lo que libera agentes.

El sindicato pone en duda la señalización empleada y algunos de los aspectos de la 'zona 30'. La jefatura replica que el municipio es competente para establecer límites de velocidad «mediante la señalización pertinente», tal y como recoge la ordenanza en vigor. Presume, además, de que la DGT estudia implantar el mismo límite de velocidad, de 30 kilómetros por hora, a la circulación por cascos urbanos.

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