Investigan por presunta prevaricación al Grupo de Desarrollo del Camín Real

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Grado investiga en los últimos meses una denuncia interpuesta contra los responsables del Grupo de Desarrollo Rural Camín Real de la Mesa, entidad de la que forman parte once ayuntamientos. Entre los años 2004 y 2006 la asociación gestionó una inversión de 41 millones aportados por la Unión Europea, el Principado y los empresarios de la zona.

El denunciante asegura que en esa época presentó siete proyectos susceptibles de recibir subvención y que seis de ellos lograron en una primera fase la máxima calificación. A pesar de las felicitaciones que se le habrían transmitido y siempre según su relato, llegado un punto empezó a sufrir trabas administrativas, señalándole la gerente del Grupo de Desarrollo Local, B. L. A., que eran muchos los proyectos a tramitar y que en todo caso debería entregarle a ella el 7% de la subvención en el momento de la concesión definitiva.

Este relato ha sido refrendado ante el juez de instrucción por el propio denunciante y por un socio que habría estado presente en la polémica conversación. Según su descripción, «lo que entendió fue que con independencia de la viabilidad de los proyectos, tenían que pagar esa cantidad para que los proyectos salieran adelante». Para conocer su versión de los hechos, B. L. A. ha sido citada a declarar en calidad de imputada. Contactado por este periódico, su abogado defensor indicó que «todo esto es absolutamente falso y se demostrará en su momento».

Por ahora son cinco los testigos que ya han declarado en una causa en la que figura como denunciado el alcalde de Somiedo y presidente del Grupo, Belarmino Fernández. Entre quienes han dado su versión de los hechos se cuenta Carmen Arias, alcaldesa de Proaza entre los años 2003 y 2007 y en consecuencia, vocal entonces de la asamblea general del Camín Real de la Mesa.

Según sus explicaciones, en aquel foro el regidor somedano habría manifestado al resto de vocales «sus dudas personales sobre la capacidad» del hoy denunciante, «entrando en valoraciones personales como indicar que 'se chuleaba mucho de las cosas'». Fernández había asegurado también que «no pensaban aprobar ninguno de sus proyectos». Llegado un punto, el presidente del Grupo habría criticado a la propia Carmen Arias que su Consistorio hubiera concedido una licencia al empresario. En su declaración judicial, la exalcaldesa apreció que el contenido de la conversación la dejó «ofuscada» y que su interlocutor se habría mostrado convencido de que el Principado iba a rechazar permisos al empresario por problemas urbanísticos.

El juez también ha tomado declaración a un exregidor de la zona que ocupó su cargo tiempo antes de los hechos denunciados. La impresión que transmitió al instructor es que tras la presunta petición de una comisión «el expediente se torna hostil, difícil y exigente, con un rigor desmesurado e inhabitual» para el emprendedor «se puede ver en la celeridad con la que al día siguiente de cerrarse el plazo para la presentación de una documentación se le comunica al denunciante la falta de presentación en tiempo de la misma» a pesar de que los papeles habían sido remitidos por correo. «Estas actuaciones o no son tan rápidas o no son habituales en expedientes similares», señaló el exalcalde.