Asturgold cifró en 5,4 millones el plan de restauración ambiental de Salave

El Principado impone a la minera un proyecto de recuperación de las lagunas de Salave con una vigencia de 12 años

I. GÓMEZTAPIA.
Asturgold cifró en 5,4 millones el plan de restauración ambiental de Salave

La compañía minera Asturgold, que promueve la explotación de la mina de oro de Salave, presentó al Principado un plan de restauración ambiental valorado en más de 5,4 millones. Lo recoge la Declaración de Impacto Ambiental publicada ayer en el BOPA, que autoriza una galería de explotación de 2,7 kilómetros y las instalaciones imprescindibles para la actividad y deniega la balsa de cianuro y una galería de investigación.

Las actuaciones recogidas en este plan, así como las medidas preventivas y las labores de vigilancia durante el periodo de actividad, llevan a la minera a calificar de «moderado» el impacto global del proyecto sobre los recursos naturales.

Con todo, dado que la Comisión para Asuntos Medioambientales de Asturias introduce 49 condicionantes a la explotación minera, el Principado demanda un nuevo plan de restauración que «tenga en cuenta el alcance de esta Declaración de Impacto Ambiental y las medidas correctoras que en ella se imponen».

Entre las exigencias de la administración regional, se incluye un plan de mejora ambiental de las Lagunas de Salave, que persigue fomentar una zona de aprovechamiento forestal. Además, «se incluirán medidas preventivas de intervención, control y, en su caso, erradicación de las especies invasoras con el objetivo final de lograr una sensible mejora ambiental a lo largo de 10 o 12 años».

Ese periodo coincide con el fijado por Asturgold -que prevé presentar el proyecto revisado antes de que concluya el trimestre- para regenerar la zona tras el cierre de la mina, cuya vida se estima en 10 años, según las cifras recogidas en el proyecto presentado, que incluye la balsa de cianuro y la galería de investigación.

El documento hecho público ayer también recoge algunas de las 561 alegaciones presentadas a la iniciativa. Destacan las del alcalde de Tapia, Manuel Jesús González, que señala que los terrenos elegidos son de interés agrario y, por tanto, incompatibles con el uso minero y el PP que demanda «compromisos de empleo de la población del concejo y limítrofes» y la creación de una comisión de control y seguimiento, integrada «por el Ayuntamiento, la empresa y los vecinos».

Entre los alegantes también se encuentra la Fundación Edes, que teme por la producción agraria de El Cabillón, y los pescadores y mariscadores de Tapia, quienes consideran la mina «una amenaza para los recursos naturales que constituyen su medio de vida».