«Me mantiene mi padre, de 93 años, porque mi paga se quedó en 278 euros al mes»

Rafa Funes, tetraparesio de El Entrego con el máximo grado de dependencia, dice que «el problema de esta ley es que nadie creyó en ella»

CH. TUYAGIJÓN.
Rafael Funes, en su silla de ruedas acompañado de su padre, Antonio, de 93 años. ::                             JUAN CARLOS ROMÁN/
Rafael Funes, en su silla de ruedas acompañado de su padre, Antonio, de 93 años. :: JUAN CARLOS ROMÁN

«Mi padre está para que le cuiden a él. De hecho, debería vivir en una residencia, para recibir la atención profesional que necesita, pero, claro, si él se va yo quedo con 278 euros al mes...¿y de qué vivo? Su pensión se la come la residencia».

A sus 54 años, Rafael Funes es el paradigma de la Ley de la Dependencia. Para casos como el de este vecino de El Entrego, el de un tetraparesio -dolencia que le impide controlar el movimiento de sus extremidades -con nulo nivel de autonomía personal, dependiente de sus padres para las actividades básicas de la vida diaria -necesita quien le vista, silla de ruedas para moverse, una grúa para acostarse y apoyo para el aseo personal- nació la ley.

Recogía el texto aprobado en diciembre de 2006 que Funes, y el resto de españoles con máximo nivel de la dependencia o con mínimo nivel de autonomía personal, tendrían derecho a diferentes servicios -plaza residencial, ayuda a domicilio, centro de día, de integración y, sobre todo, asistente personal- o prestaciones económicas, tanto para buscarse en la red privada la atención necesaria como para pagar a un familiar por cuidarles.

Sin embargo, cinco años después de su entrada en vigor, este entreguino, el primero en solicitar ayudas en la región, aquel 23 de abril de 2007, confiesa que «estoy peor que antes de que la aprobaran». Lo dice porque, pese a carecer de toda autonomía personal, pese a que necesita ayuda para comer, para asearse, para levantarse o acostarse, para ir al baño «para todo, hasta que no me sientan en la silla, yo no puedo hacer nada», como beneficiario de la Ley de la Dependencia en su máximo nivel recibe «278 euros al mes». Sin más.

De ese dinero, entiende el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el ente que gestiona la Ley de la Dependencia, «que yo tengo que sacar para contar con una persona a mi lado 24 horas al día». Una persona que sí tiene, pero porque la paga su padre, con su pensión de 1.360 euros al mes, algo que enrabieta a su hijo «es su pensión, como los 598 euros que le dan por tenerme. No es mi dinero. Él me mantiene y yo no puedo hacer nada».

Pero sí hace. Socialista militante, ha estado siempre en los comités de discapacidad de su partido «hasta lograr que San Martín sea un municipio accesible», y ahora dirige el centro social de El Entrego, un cargo «sin remuneración, claro». Desde su militancia, es el primero en reconocer que «el problema de esta ley es que nadie creyó en ella», ni siquiera su partido, que la impulsó e implantó hace cinco años. «Era una ley muy ambiciosa, tenía que ser la mejor ley aprobada nunca en España, pero la han asfixiado».

El joven Funes mira al Funes senior. Ambos lloran la muerte de la madre y esposa, Consuelo. «Ellos siempre lo dieron todo por mi y yo sigo sin poderles dar nada a ellos».